MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
IU ha pedido en el Congreso la retirada y devolución al Gobierno del proyecto de ley por el que se reforma el baremo de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación, principalmente por favorecer a las aseguradoras en lugar de reforzar la protección de los accidentados, según consta en la enmienda de totalidad que la formación ha presentado, y que ha sido recogida por Europa Press.
A su vez, critica que la norma no cuente con los informes preceptivos, ni en su elaboración con colectivos importantes como el de peatones o la bicicleta. Rechaza también que no haya estudiado su impacto económico cuando hay aseguradoras e indemnizaciones en el sistema, además de por inconstitucional en varios aspectos.
SE PERJUDICA A LOS LESIONADOS MENOS GRAVES
"Bajo la apariencia de aumentar el importe de las indemnizaciones para los casos de víctimas más graves", IU argumenta que con esta norma se "perjudica gravemente" a los lesionados menos graves y las percepciones por secuelas.
Además, dice que se establecen presunciones 'iuris et de iure', es decir, que son absolutas y no admiten prueba en contrario, y que establecen la participación de culpa en un accidente, al margen de si realmente se produjo esa cuota de participación, un aspecto que, en su opinión, sucede también con la cuantía de las indemnizaciones por lucro cesante.
"Todo ello contradice el principio de indemnidad proclamado en el proyecto de ley. La mayoría de lesionados por accidentes de tráfico son de carácter menos grave y el proyecto favorece claramente a las compañías aseguradoras que, merced a la importante disminución de los accidentes mortales de tráfico, puede permitirse aumentar la cuantía de las indemnizaciones en casos de fallecimiento y traumatismos graves", añade.
A ello ayuda, según indica, el "notable crecimiento" en los últimos diez años del parque automovilístico con el consiguiente aumento de la recaudación debido al seguro obligatorio".
Igualmente, cree que el proyecto de ley facilita a las aseguradoras no atender adecuadamente y con equidad a las víctimas con lesiones menos graves, estableciendo unos requisitos más exigentes que los de la actual ley.
LA REFORMA DEL GOBIERNO
Esta reforma, que actualiza el sistema vigente desde 1995, fue aprobada en Consejo de Ministros a mediados de abril y es fruto del acuerdo entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras.
En concreto, fomenta la rápida resolución de los conflictos y se potencian los acuerdos extrajudiciales, según explica el Gobierno. Así, permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización "suficiente", lo que sitúa a España "a la altura" de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil.
Además, mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio "activo, actualizado y adaptado a la realidad".
El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.
