Fue multado con 600 euros por la aplicación de la 'ley mordaza' e hizo frente a la sanción, pero presentó recurso apoyado por A Mesa
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
A Mesa pola Normalización Lingüística ha informado de que, dentro de un mes, el 3 de junio, se celebrará en Santiago el juicio por la sanción a un hombre que exigió ser atendido en gallego en un centro de Rianxo (A Coruña) durante un cribado por la covid-19 en abril de 2021.
Entonces, la entidad en defensa del idioma denunció la situación y la Subdelegación del Gobierno defendió que la multa --de 600 euros, que ha abonado-- respondía a un asunto de "orden público" denunciado por la Policía Local, desvinculándolo de cualquier cuestión lingüística.
En un comunicado remitido a los medios, A Mesa ha defendido que el proceso "presentó múltiples irregularidades" llegando Delegación del Gobierno "a negar, en el proceso de alegaciones a la sanción, la validez de las declaraciones de los testigos presentes, que contradecían la versión policial, por ser vecinas de la víctima y sostener una distante, e inexistente a efectos legales, relación de parentesco".
Al respecto, ha recordado que los hechos sucedieron en un cribado por covid en el ambulatorio de la localidad, por lo que "resulta comprensible" que los testigos fueran, remarca, vecinos. En este punto, los servicios jurídicos de A Mesa aconsejaron al afectado abonar la sanción y recurrir la denuncia en el juzgado, paso que dio.
En palabras del presidente de A Mesa, Marcos Maceira, con su actuación, la administración sanitaria, policía local y Delegación del Gobierno pretenden "amedrentar a cualquier ciudadano que manifieste intención de ejercer sus derechos lingüísticos".
"Solo así se explica que se admita como válido un atestado en el que la policía admite haber mentido a un ciudadano sobre las garantías de ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos por la ley de empleo público de Galicia, por el Estatuto básico de los empleados públicos, por la ley de normalización, por la ley orgánica de Estatuto para Galicia o por la Carta Europea das Linguas", ha añadido.
A modo de argumento, A Mesa sostiene que la Delegación del Gobierno llegó a "cuestionar la comprensible indignación de un ciudadano 'solo por decirle que el personal médico no tenía la obligación de hablarle en gallego'".
ACCIONES DE APOYO PÚBLICO
Ante la situación, el afectado, asistido por los servicios jurídicos de A Mesa, presentó recurso; pero la Delegación del Gobierno, subraya la entidad lingüística, "no atendió a razones ni a la mínima garantía de los derechos democráticos, reconociendo como válida la versión policial de que es el ciudadano el que tiene que renunciar al uso del gallego.
El juicio tendrá lugar, en consecuencia, en el marco del recurso presentado por el ciudadano a la imposición de la multa. A Mesa está asumiendo los gastos de su defensa y ya abonó la multa, por lo que recuerda que cualquier persona que desee contribuir lo puede hacer a través de la web de la entidad.
Agrega que los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la defensa del derecho al uso del gallego en todos los ámbitos. En los próximos días, además, avanza que informará de las acciones que llevará a cabo para expresar de manera pública su apoyo al denunciante.
