MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de reforma de Ley del Menor superó hoy su primer trámite en el Congreso de los Diputados después de que el Pleno rechazara las enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV). El PNV, Eusko Alkartasuna y la Chunta Aragonesista, decidieron finalmente retirar sus enmiendas a la totalidad al percibir la voluntad de consenso del Gobierno para negociar sus enmiendas parciales. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, fue el encargado de defender desde la tribuna la reforma.
Las cuatro formaciones citadas entienden que la reforma planteada prima los aspectos punitivos de la norma, frente al interés general del menor y las medidas dirigidas a garantizar su reinserción social.
El proyecto plantea, entre otros aspectos, un endurecimiento de las penas por delitos graves, la posibilidad de que los delincuentes juveniles ingresen en prisión al cumplir la mayoría de edad, así como medidas específicas contra las bandas juveniles y el acoso escolar.
SUPRESIÓN DEL JUZGADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Todos los grupos de la oposición criticaron, por distintos motivos la reforma que plantea el Gobierno, destacando las enmiendas presentadas por ERC, PNV y EA para que la Audiencia Nacional deje de tener competencias en delitos de terrorismo ejercidos por menores.
Según la portavoz del Grupo Vasco, Margarita Uría, el propio Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, advirtió de que "este régimen tiene carácter coyuntural y por tanto de desaparecer". "No le digo que me lo prometa ahora mismo señor ministro, pero a nuestro juicio puede ser éste el momento de planteárselo", advirtió.
En la misma línea, la diputada Begoña Lasagabaster de EA advirtió de que en los últimos cinco años sólo se han producido trece condenas en la Audiencia Nacional por 'kale borroka'. Esta diputada también censuró la previsión legal de que los delincuentes vayan a la cárcel al cumplir la mayoría de edad, e incluso a los 21 años al entender que, de esta manera, "no se ayuda en nada al menor" y se frustra la posibilidad de iniciar o continuar el programa de reinserción.
Esquerra Republicana también rechaza esta atribución de competencias a la Audiencia Nacional porque puede ser lesivo para que el menor se someta a una jurisdicción especial. Por otro lado, este grupo es contrario a una nueva reforma de la Ley dado que en los últimos años ha sido reformada en diversas ocasiones.
José Antonio Labordeta, de la Chunta Aragonesista, también retiró a última hora su enmienda, aunque señaló la necesidad de "abrir un periodo de reflexión" sobre la efectividad de la norma.
"CORTINA DE HUMO"
El grupo de IU-ICV mantuvo su veto al proyecto. Su diputada Carme García calificó la reforma de "cortina de humo" dado que, según datos del CGPJ, los delitos de menores han descendido un 33 por ciento desde el 2002, mientras que la ejecución de medidas se redujo un 18 por ciento. A su modo de ver, el principal problema de la norma reside en "una apuesta económica que no se hizo en su momento", que ha provocado la "falta de medios" y de centros específicos de menores en las comunidades autónomas.
Esta diputada justificó su enmienda a la totalidad "por ideología", advirtiendo de que "no es propia de un gobierno progresista". Así, significó que este proyecto de ley ha motivado la primera enmienda a la totalidad presentada por su grupo (habitual socio parlamentario de gobierno) en la presente legislatura.
EL PP PROPONE ENDURECER LA REFORMA
En lo que se refiere al resto de los grupos, Carmen Matador (PP) valoró que la ley del menor está "herida, si no amenazada de muerte" y calificó de "perversión de la política legislativa" el hecho de que no se dote la norma de suficientes medios económicos. Por otra parte, el PP presentó diversas enmiendas parciales, que entre, otros aspectos, endurecen y aumentan la duración algunas medidas incluidas en la reforma del Gobierno.
Por su parte, Jordi Jané (CiU) señaló que el incremento de la delincuencia juvenil que aduce el Gobierno "no va avalado por datos reales". Así, entiende que la reforma está motivada "por casos importantes mediáticos y graves" de violencia juvenil y criticó la falta de medios y recursos por parte de las comunidades autónomas para hacer efectiva la legislación de menores.
UN SEGMENTO ESPECIALMENTE VULNERABLE
El ministro de Justicia defendió el proyecto de reforma del Gobierno sobre "una ley sensible que incide sobre un segmento especialmente vulnerable de la sociedad". López Aguilar cree que se trata de una "modificación acotada y razonable" que no contradice los principios del texto original, sino que "los revalida hacia el futuro", apostando por la reeducación y resocialización.
En su intervención, explicó que la reforma afecta a tipos penales específicos "de especial incidencia en la seguridad ciudadana". Según sus datos, el número de causas por delincuencia juvenil ha pasado de 11.000 en 2002, a las 22.000 en 2004, "lo que pone de manifiesto que hace falta una reflexión", subrayó.
A su modo de ver, la reforma no supone un endurecimiento de las medidas, sino que amplía "la panoplia de herramientas" de las que dispone el juez, extendiendo en el tiempo determinadas medidas, incluidas las de privación de libertad para los delitos de mayor gravedad.
El ministro repasó las novedades que incluye la reforma, que incluyen la protección de las víctimas de delitos cometidos por menores (personación de la acusación popular); el refuerzo del secretario judicial para la información de las víctimas; la medida de alejamiento; la evitación de la confrontación visual con el supuesto agresor; y la transferencia a un centro penitenciario a los 18 años de manera excepcional.
También destacó las mejoras técnicas: designación de un segundo fiscal, medidas cautelares (de 3 a 6 meses) y extensión del tiempo de prescripción de faltas (de 3 a 6 meses), "para evitar la sensación de impunidad". "Se trata de que los menores perciban que las instituciones de corrección están determinadas a marcar la línea entre el bien y el mal", subrayó.
Por último, reclamó la participación de todas las instituciones, en sus distintos niveles de responsabilidad, entre las que citó a las comunidades autónomas para que garanticen la inversión en recursos. Por su parte, advirtió de que el Gobierno incrementará la planta judicial de menores en 8 unidades, a lo largo de 2006.
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