JERUSALÉN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento israelí ha aprobado este miércoles en su primera lectura un proyecto de ley que contempla la imposición de medidas más duras contra toda aquella persona que contraten, acoja o ayude a los inmigrantes ilegales, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
En caso de que supere las dos siguientes lecturas y consiga el rango de ley, las penas podrían ascender hasta los cinco años de cárcel o el pago de una multa de hasta cinco millones de shekels (alrededor de un millón de euros).
El parlamentario del Likud Ofir Akunis, responsable de la introducción del borrador, ha alabado la votación. "El asunto de los infiltrados --nombra con que la extrema derecha se refiere a los inmigrantes ilegales-- se ha convertido en una amenaza estratégica para la sociedad israelí, haciendo que la vida de muchos se haya vuelto intolerable", ha apuntado.
"La nueva ley limitará el principal incentivo de los inmigrantes para venir a Israel: el trabajo", ha agregado Akunis. El proyecto es una de las medidas presentadas ante el Parlamento para hacer frente a la llegada de inmigrantes ilegales al país, asunto que ha provocado una oleada de protestas en el país.
Alrededor de 60.000 ciudadanos africanos han atravesado ilegalmente en los últimos años la relativamente porosa frontera que mantienen Egipto e Israel en el desierto de Sinaí, huyendo de la pobreza, de las guerras y de los gobiernos autoritarios.
Algunos israelíes temen que la llegada de inmigrantes acarreará problemas demográficos y económicos, pero otros han advertido de que el recuerdo del Holocausto sufrido por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial debería otorgar a Israel una responsabilidad especial a la hora de acoger a los extranjeros que buscan refugio.
En los últimos meses se ha disparado la violencia contra los inmigrantes, cuya máxima expresión fueron los disturbios registrados en mayo en un barrio de bajos ingresos de Tel Aviv en el que viven numerosos inmigrantes eritreos, sudaneses y sursudaneses, a quienes los vecinos acusaban de ser los causantes de la delincuencia.
Días después de los incidentes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a sus ministros que aceleren la deportación de los aproximadamente 25.000 inmigrantes sin papeles de Sudán del Sur, Costa de Marfil, Ghana y Etiopía. El jefe de Estado israelí defendió en cambio que los inmigrantes de Eritrea, Somalia y Sudán (unos 35.000) no sean incluidos en el censo a expulsar, ya que sus vidas corren peligro si regresan a sus países.
Además, el ministro de Interior de Israel, Eli Yishai, indicó que planea multar a los alcaldes de localidades israelíes que contraten a trabajadores inmigrantes para evitar que "den empleo a infiltrados". "Emplearán a israelíes en su lugar. El lugar de los infiltrados es el país del que han venido", dijo.
Por último, el Ministerio de Defensa de Israel anunció que erigirá en los próximos meses entre 20.000 y 25.000 tiendas de campaña en varios centros de detención para alojar a los inmigrantes africanos que lleguen al país.
Según un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas construirán estas "ciudades" en cinco centros de detención en los próximos meses. Una vez estén erigidos, los centros serán controlados por el Servicio de Prisiones de Israel (IPS).
El objetivo del plan es asegurar que todos los inmigrantes africanos que entren a Israel sean directamente transferidos a un centro de detención, donde permanecerán largos periodos de tiempo para evitar su llegada a las ciudades del país.
