MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha manifestado este viernes su "más firme rechazo" ante el oficio dictado por la magistrada María Cristina Díaz en el que exige a 'elDiario.es' que facilite a los Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros de Meirás.
Según ha informado la plataforma en un comunicado, esta orden "ataca frontalmente el derecho a la información y el derecho a protección de las fuentes". Además, ha explicado que "está reconocido y protegido por los estándares universales sobre libertad de prensa".
Asimismo, desde PLI han especificado que también es un derecho protegido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "a los que están sujetas las instituciones españolas, que garantizan el derecho de los periodistas a no facilitar esta información salvo en supuestos de excepcional gravedad", han añadido.
Es por ello que, uno de los juristas de la PLI, Joan Barata, ha recordado que "el derecho a no revelar las fuentes protege también al periodista, incluso, frente al director del medio o su propietario".
Sin embargo, respecto a los límites de este derecho, Barata ha explicado que "tanto los estándares del Consejo de Europa como la jurisprudencia del TEDH admiten como excepciones la necesidad de evitar la comisión de un delito grave, o la investigación de este, siempre y cuando se acredite que ha resultado imposible disponer de otros medios de prueba".
Por otra parte, el director legal de la PLI, Carlos Sánchez Almeida, ha incidido en el riesgo jurídico que este tipo de órdenes representan para el ejercicio de los periodistas, alegando que "lo realmente grave es que se pueda procesar al director por revelación de secretos o por desobediencia, al no atender la orden de la magistrada".
DIEZ DÍAS PARA IDENTIFICAR LA FUENTE
La magistrada María Cristina Díaz, titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, ha dictado un oficio en el que da diez días a elDiario.es para identificar a la persona que filtró la lista de bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás y cuya propiedad se encuentra actualmente en litigio, algo a lo que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) también se han opuesto en virtud del derecho al secreto profesional.
Según ha informado 'elDiario.es', su director ha respondido al requerimiento del juzgado, negándose a desvelar el nombre de la fuente o ningún dato que pueda servir para su identificación. "El secreto profesional a no revelar nuestras fuentes no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática", argumenta Ignacio Escolar.
