El PP, UPN y un senador de Unió presentan un veto a la nueva ley del aborto en el Senado

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP, la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María Caballero y el senador de Unió Jordi Casas (UDC-CiU) registraron este en el Senado sendos vetos a la nueva Ley del Aborto, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. CiU, PNV, Entesa y Coalición Canaria, por su parte, registraron enmiendas de modificación parciales, mientras que el PSOE no ha pedido ningún cambio en el texto.

El PP argumenta en su veto que la nueva norma "nace sin consenso y rompe acuerdos básicos sobre la materia, a la vez que genera una intensa e innecesaria polémica social". Además, recuerda que el PSOE "excluyó expresamente de su programa electoral" esta reforma y que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no la incluyó entre sus compromisos durante la sesión de Investidura.

Los 'populares' consideran que la nueva norma establece un sistema de plazos que "no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico porque desprotege totalmente al no nacido durante las primeras 14 semanas de gestación y no establece suficientes mecanismos que garanticen el cumplimiento de la legalidad a partir de ese momento".

NI EL MOMENTO NI EL FONDO

Por su parte, el senador de Unió Jordi Casas explicó a Europa Press que ha pedido la devolución del proyecto al Gobierno porque "no está de acuerdo con el contenido de la norma, con el momento en el que se presenta y con que se permita abortar a las menores de 16 y 17 años, hurtando así la patria potestad a los padres".

Casa reclama al Gobierno socialista que no ofrezca a la mujer embarazada el aborto "como la única salida" y le dé alternativas para llevar adelante su embarazo. El resto de miembros de este grupo, que tiene libertad de voto, pertenecientes a Convergencia (CDC-CiU), han presentado un conjunto de 26 enmiendas para mejorar el contenido de la ley.

A su vez, la senadora de UPN María Caballero considera la reforma "ilegítima, incongruente, injusta, inconstitucional e inoportuna". Así, la ve incongruente porque el Gobierno, que ante otros aspectos que afectan a la vida y al medio ambiente "se puede llegar a mostrar intolerante (combate radical contra el tabaquismo), proscriptor (lucha contra el consumo de drogas), conservacionista (defensa de la naturaleza), proteccionista (defensa de los animales), "se muestra irresponsablemente tolerante en lo que respecta a la protección de la vida del no nacido".

NO SOLO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Entesa Catalana de Progrés, por su parte, pide en sus enmiendas parciales que los anticonceptivos que se incluyan en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud no sean únicamente los de última generación.

De su lado, el PNV quiere que en la ley se especifique que la información que recibe la mujer sobre ayudas públicas y privadas y sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de continuar o interrumpir un embarazo, además de en un sobre por escrito, se explique "verbalmente" para asegurar que la mujer "comprende perfectamente la información que se le proporciona".

El Bloque Nacionalista Galego reclama ampliar de 14 a 16 el plazo de aborto libre y que la ley entre en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE en vez de a los cuatro meses. Mientras, el parlamentario de Coalición Canaria Narvay Quintero solicita que la decisión de interrumpir un embarazo no la puedan tomar de forma "exclusiva" las chicas de 16 y 17 años y se informe a los progenitores.

APROBADA EN COMISIÓN

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo inicia ahora su trámite legislativo en el Senado. La votación en la Comisión de Igualdad será el próximo miércoles, donde previsiblemente los 10 votos del PSOE, el de la Entesa (PSC-ERC-ICV), el de CiU, el del PNV y el del senador navarro independiente, que suman 14, vencerán a los 12 del PP, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Una vez superado el trámite en Comisión, el texto irá al Pleno del Senado el 24 ó 25 de este mes. Los distintos grupos coinciden en señalar que la votación en el Pleno "será ajustada" pero los socialistas creen que "se aprobará sin problemas". De este modo, puede ser enviada al Congreso para aprobarse de manera definitiva en el Pleno del 11 de marzo.