MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que urge al Gobierno a poner en marcha "un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la adopción de medidas para proteger a los hijos de víctimas de violencia de género", una medida que permitiría la suspensión cautelar de las comunicaciones cuando existan "indicios racionales" de criminalidad para proteger al menor, según explica la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez.
Según recuerda, 44 menores han sido asesinados en los últimos diez años durante el régimen de visitas y por ello reclama al Gobierno, a través de esta proposición no de ley que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, la implementación del sistema de valoración del riesgo.
Álvarez denuncia que estos 44 menores asesinados ponen en evidencia la necesidad de romper con una atención "rutinaria y prejuiciosa" que antepone supuestos derechos paternos a la protección de los menores testigos o víctimas directas de la violencia de género.
"Incluso en situaciones de alto o extremo riesgo de violencia de género son escasísimos los casos en que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el derecho de visitas", agrega, al mismo tiempo que indica que en la práctica judicial existe la tendencia de considerar que la relación paterno filial prima por encima del interés superior del menor.
"Se tiene la tendencia a considerar que la suspensión cautelar de las visitas hasta resolución definitiva supone la privación de un derecho, sin embargo, cuando existen indicios fundados de peligro para los menores, esta medida es un instrumento asegurador de su protección", añade.
PROPUESTAS
Concretamente, en ella se insta al Ejecutivo a conformar un equipo de especialistas y expertos en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que elabore un análisis para la creación de indicadores específicos de los factores de riesgo que los menores tienen, en su relación con la violencia de género.
En segundo lugar, pide implementar un sistema individualizado de valoración de riesgo a través de sistemas de recopilación de información suficiente y contrastada que permita identificar información de origen policial, penitenciario y judicial, así como sanitario y de organismos de atención social, para identificar la peligrosidad criminal a través de elementos de valoración médico-forenses, con el fin de auxiliar al juez ante la toma de decisiones respecto a la medidas a imponer para proteger a estos menores.
A su vez, propone formar a los equipos psicosociales en el conocimiento de los factores de riesgo asociados a la violencia en el manejo de las estrategias de gestión del riesgo y de las principales escalas de predicción del riesgo.
"El objetivo de estas medidas es que los jueces cuenten con elementos de juicio suficientes para valorar la suspensión cautelar de las comunicaciones cuando existan indicios racionales de criminalidad de un delito de violencia de género y proteger a los menores atendiendo al interés superior del menor", señala.
"El número de menores muertos por violencia de género debe ponernos en alerta sobre las estrategias de que se sirve el violento con el objeto de dañar. Sin lugar a dudas, la amenaza de daño a los hijos comunes se presenta como el más brutal de los chantajes y la más cruel de las venganzas", concluye.
