MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las Federaciones de Enseñanza de UGT y CC.OO., CSIF y ANPE han expresado su rechazo "radical" a la medida anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Pleno del Congreso por la que se prevé la extinción del Régimen de Clases Pasivas y la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE).
A juicio de CC.OO. y UGT esto supondría que los nuevos funcionarios se integrarían en el Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo, han indicado que al "arremeter" contra los funcionarios, el Gobierno "persiste en su política errática y descoordinada".
"No contento con los recortes salariales, ahora quiere acabar con un sistema de protección social más adaptado a las características y realidades de los funcionarios públicos que el Régimen General de la Seguridad Social. Es absurdo pensar que la modificación del Régimen de Seguridad Social de los funcionarios contribuya a calmar los mercados", han denunciado.
Para el sindicato docente Anpe, la medida "atenta" contra los derechos de los funcionarios públicos, pone de manifiesto el "desprecio" hacia los mecanismos de representación establecidos en democracia y demuestra la "incapacidad del Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía".
En la mismo línea, desde CSI-F han indicado que "da la impresión" de que el presidente del Gobierno "se ha vuelto loco" porque, a su juicio, "vuelve a hacer culpables a los funcionarios de la crisis económica y de todos los males que aquejan a este país". Asimismo, han advertido de que no consentirán este "nuevo atropello" y han anunciado movilizaciones y la "guerra sin cuartel contra este Gobierno enemigo" de los funcionarios".
También las federaciones de Enseñanza de CC.OO. y UGT hacen un llamamiento a todo el profesorado a participar en las movilizaciones ya convocadas del próximo día 15 de diciembre por el mantenimiento del Régimen de Clases Pasivas y MUFACE y en todas aquellas que anunciarán conjuntamente "en un futuro próximo" si el Gobierno "persiste en su planteamiento recortador de derechos".
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