MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 2.193 personas han solicitado información sobre bebés robados desde que se creó el Servicio de información de afectados por la posible sustracción de recién nacidos puesto en marcha por el Ministerio de Justicia en 2013 por el que se facilita el acceso al trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Toxicología y a la documentación recabada de hospitales, cementerios, registros civiles, arzobispados y ayuntamientos.
Así lo ha indicado este lunes 3 de julio en la Comisión de Justicia del Senado la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, con respecto a la creación de una comisión de seguimiento documental para investigar el paradero de los historiales médicos y de los libros de registro de hospitales y maternidades públicas y privadas donde se dieron casos de bebés robados.
El senador socialista ha indicado que la creación de esta comisión es "vital para posteriores investigaciones policiales y judiciales" porque "hay archivos restringidos, páginas arrancadas, nombres tachados". Por ello, ha reclamado "voluntad política" para "intentar cerrar una de las páginas más negras de la historia" de España.
La secretaria de Estado ha calificado como "loable" cualquier iniciativa que surja, ha defendido la actuación del Gobierno y ha destacado la colaboración con las comunidades autónomas porque "de tener una información bien procesada y localizada depende la solución de problemas que afectan de manera dramática y muy dolorosa a muchas personas" como consecuencia de esos años "tan negros", de 1962 a 1985, principalmente, aunque también datan sucesos de los años 90.
En concreto, Sánchez-Cortés ha indicado que en estos momentos hay dos procesos abiertos en materia de bebés robados y ha apuntado que de 117 exhumaciones de las que se obtuvieron restos óseos, en 79 hubo éxito en recuperación del ADN, lo que ha permitido "comprobar el fallecimiento del recién nacido supuestamente sustraído y decretar cuando ha sido así, el archivo de las diligencias de investigación del 90 por ciento de los casos en que ha podido llevarse a cabo la prueba de ADN".
