Lanzan una campaña contra el real decreto que conlleva "medidas de tipo restrictivo" que vulneran la Constitución y el ordenamiento jurídico
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), la Asociación Plataforma Afectados Restricciones Circulatorias (ASOCPARC) y la Organización de Usuarios y Consumidores Aguaiuris han lanzado una campaña contra el Real Decreto 1052/2022 de 27 de diciembre, por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), solicitando amparo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.
Bajo el lema 'Nosotros pagamos, nosotros Circulamos', las asociaciones considera que el decreto conlleva "medidas de tipo restrictivo que vulneran la Constitución Española y el ordenamiento jurídico, directa e indirectamente".
En concreto, la entidades han alertado de que la norma limita "la libertad de circulación de personas, bienes y mercancías; la libre circulación de los trabajadores; el derecho a la propiedad privada, y a su uso y disfrute; la libertad y la igualdad de los españoles ante la ley; y el derecho a protección contra toda discriminación".
Igualmente, sostienen que también podrían vulnerar el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, los Estatutos de Autonomía respectivos, y los Tratados Internacionales suscritos por España.
Las organizaciones estiman que, en los municipios de más de 50.000 habitantes afectados, hay 5.563.478 vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), 5.925.12 con etiqueta B y 6.154.367 con etiqueta C.
"Por tanto, dado los millones de personas y los cientos de miles de empresas y autónomos que pueden verse potencialmente afectadas por las restricciones derivadas de las ZBE estamos realizando esta campaña masiva de presentación de escritos para que se demuestre el rechazo popular a estas medidas y sean tenidas en consideración nuestras propuestas", han explicado.
ENVÍO MASIVOS DE ESCRITOS
Respecto a la campaña, las asociaciones han indicado que han realizado un envío masivos de escritos al Defensor del Pueblo solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad. "En caso de no obtener su amparo se explorarán otras vías legales ante la indefensión manifiesta de millones de españoles", han avisado.
También han enviado escritos a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitando la personación, oposición y acceso al expediente completo foliado relacionado con el real decreto 1052/2022 y las 'Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones', emitido como documento guía básico para el desarrollo de las ZBE, por parte de las entidades locales.
Mediante misivas, han instado a cada ayuntamiento que tenga que implantar una ZBE a la personación, oposición y acceso al expediente completo foliado relacionado con la implantación de zonas de bajas emisiones en ese municipio.
Finalmente, han contactado con los Grupos Parlamentarios de la oposición en el Congreso y el Senado, dado que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad 50 diputados o 50 senadores, para "plantearles los problemas que va a ocasionar esta normativa e instarles a que presenten un recurso de inconstitucionalidad".
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