MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Félix Azón, instructor del expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado -por el retraso en ejecutar una condena contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés-, ha propuesto al Pleno de este órgano que mantenga la multa de 1.500 euros que se impuso a este magistrado por una falta grave de desatención o bien, si la considera como muy grave, endurezca la sanción y le suspenda entre uno y seis meses, lo que evitaría la pérdida de destino del titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.
Fuentes del CGPJ señalaron hoy que el Pleno del próximo martes no tiene por qué ceñirse a esta propuesta y puede optar entre un amplio abanico de resoluciones que irían desde la anulación de la multa al endurecimiento de la sanción contra Tirado, para quien la Fiscalía solicita una suspensión por tres años.
La propuesta de Azón, que apenas ocupa un folio, propone en concreto al Pleno que se desestime el recurso interpuesto por Tirado contra la decisión del anterior Consejo de multarle y que, respecto a la petición de la Fiscalía, opte entre mantener la sanción económica o bien considerar su conducta como falta muy grave, debiéndole suspender de sus funciones entre uno y seis meses.
El pasado 24 de septiembre, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentó ante el Pleno del CGPJ, un recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano de multar con 1.500 euros a Rafael Tirado.
Asimismo solicitaba que se le impusiese la sanción de suspensión por tres años por la comisión de una falta "muy grave" del art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta calificación de "muy grave", también contempla la posibilidad de un traslado forzoso o incluso apartar definitivamente al magistrado de la carrera judicial, extremo que apoya la familia de la niña Mari Luz.
El Fiscal argumentaba que el juez sancionado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba".
El Ministerio Público discrepa del acuerdo de la Comisión Disciplinaria ya que "mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la secretaria del Juzgado, o a la actitud pasiva de otros colaboradores, entre los que incluye nuevamente a la secretaria Judicial, pero también al Ministerio Fiscal o a la representación de la Junta de Andalucía es desenfocar la realidad de a quien debe imputarse la responsabilidad de los hechos".
Por estos mismos hechos, la secretaria judicial del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, fue suspendida, en este caso por el Ministerio de Justicia, a dos años de suspensión de empleo y sueldo, lo que provocó las protestas de los secretarios judiciales que culpan del 'caso Mari Luz' a la falta de inversión en la Administración de Justicia.
Tras examinar los hechos probados, el Fiscal llega a la conclusión de que "el magistrado expedientado no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicha situación".
EXPLICACIONES DEL JUEZ
Por su parte, el propio juez también recurrió esta sanción el pasado 28 de octubre solicitando que se archive el expediente ya que, según dice, no había "ningún dato" que hiciera pensar en la "especial peligrosidad" de Del Valle y en la necesidad de ingreso urgente en prisión.
"Ningún dato, anterior ni posterior, conocido por el juez, hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad", señala en su recurso de alzada Tirado, quien señala que el control de los casos es "según prioridades". Así, rechaza que el caso haya acumulado "retraso en el control" y que los hechos probados en el Acuerdo del Pleno del CGPJ contra él puedan ser "merecedores de reproche disciplinario alguno".
El juez sancionado dice que la carga de trabajo que tenía su juzgado era "muy elevada y de difícil asunción", como lo evidencian los datos aportados sobre el volumen de ejecutorias en trámite, reaperturas y datos aportados sobre el volumen de ejecutorias en trámite, reaperturas y archivo provisional. Se trata, a su juicio, de una situación que ocurre "en el resto de los Juzgados de lo Penal de la provincia" y que "no es nueva" pues "se ha reiterado" en varias Juntas de Jueces.
