Subraya que acata la sentencia que declara inconstitucional y nulo el artículo que permitía la venta de tabaco en máquinas expendedoras
PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno balear ha acatado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional y nulo el artículo de la regulación autonómica de Baleares que permitía la venta de tabaco en máquinas expendedoras en comercios turísticos y anuncia que se ha abierto "otra vía" para "tratar de dar solución a la demanda de estos comercios".
"Hemos abierto otra vía para tratar de dar solución a la demanda de estos comercios. Es una demanda complicada porque supondría otra modificación de la Ley Antitabaco. No obstante estamos realizando las gestiones que consideramos oportunas", asegura la directora general de Comercio y Empresa, Lourdes Cardona.
Desde la Consejería de Economía y Competitividad se han realizado diferentes gestiones para responder a la demanda del sector y se han mantenido reuniones con el Comisionado para el Mercado de Tabacos, con la Secretaría de Estado de Comercio y con la Secretaría de Estado de Turismo. Asimismo está previsto mantener contactos con el Ministerio de Sanidad.
El recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14.1 de la ley del Parlament balear de medidas tributarias y administrativas fue promovido por el presidente del Gobierno central y el 6 de noviembre de 2007 fue admitido a trámite. Asimismo, se suspendió la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso (1 de octubre de 2007).
El 11 de marzo de 2008, el mismo Tribunal acordó la suspensión del artículo 14.1 de la citada ley señalando que "los perjuicios a los que ha hecho referencia la abogacía del Estado tienen un indudable carácter abstracto e hipotético sin que se hayan acreditado concreta y suficientemente los perjuicios genéricamente expuestos".
No obstante, el Comisionado para el Mercado de Tabaco mantiene la postura de no autorizar los puntos de venta con recargo en los denominados comercios turísticos, alegando que la regulación autonómica excede del marco básico normativo y quiebra el principio de igualdad tanto en materia de salud para las personas como para las empresas, dado que en función de del lugar en que desarrollen su actividad podrán o no realizar ventas de tabaco.
