Las recomendaciones que establece el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el uso de los nuevos anticoagulantes orales no se están cumpliendo en todas las comunidades y está provocando desigualdades "no justificadas" en el acceso a estos fármacos, utilizados para prevenir el ictus y otros embolismos relacionados con la fibrilación auricular no valvular.
