El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que renuncia a algunas de las propuestas iniciales más polémicas como la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantiene previsiblemente la fijación de plazos para la instrucción e incluye la sustitución del actual "imputado" por "investigado".
