El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero y que plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. La propuesta pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión.