El inspector jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Fernando Sevillano, ha explicado que la operación se basaba en reunificar las deudas de las víctimas y si la empresa no conseguía un préstamo para hacer frente a ellas, se quedaba con la vivienda mediante un contrato de compre-venta y el cliente perdía la residencia quedando "a merced" de la organización.
