MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha señalado que el aumento en 2016 de denuncias por violencia de género, de sentencias condenatorias y de las medidas de protección a las víctimas permite concluir que "la justicia responde" ante esta lacra y que los órganos judiciales "funcionan aplicando la ley con rigor en un proceso con todas las garantías".
Durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, Lesmes ha detallado que en las 142.893 denuncias por violencia de género registradas en 2016 (lo que supone un aumento de un 10,6 por ciento con respecto al año pasado) hay más de 134.000 mujeres que aparecen como víctimas; que las sentencias condenatorias subieron un 3,6 por ciento, pasando de un 62,6 por ciento en 2015 al 66,6 por ciento de 2016; y que las medidas de protección a mujeres y menores, entre las que se incluyen las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación, registraron un crecimiento del 22 por ciento.
"Esto también favorece a que la ciudadanía perciba que no hay impunidad ante este tipo de comportamientos", ha apuntado, aunque ha reconocido que las cifras que se manejan en cuanto al número de fallecidas por este tipo de violencia "siguen poniendo de manifiesto, con toda crudeza, que es mucho el esfuerzo que se debe de hacer" hasta poner fin al problema.
Lesmes ha defendido la solución "desde el origen del problema", educando, concienciando y cambiando estereotipos sociales. Aunque también ha destacado la respuesta "penal y judicial", el presidente del CGPJ ha señalado que se ha de ayudar a los más jóvenes a que, "de manera espontánea y por propia convicción", consideren "rechazables los comportamientos violentos de dominación y control", sean éstos explícitos o sutiles.
INCLUSIÓN DE OTROS TIPOS DE VIOLENCIA
Del mismo modo, ha apoyado las propuestas que, en materia de justicia, el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género hizo llegar al Congreso, a través de la comparecencia de su vocal en la Subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre ellas ha destacado la supresión de la dispensa de la obligación de declarar cuando las víctimas sean denunciantes o se personen en la causa como acusación particular y la revisión del Código Penal para regular los atenuantes y la pena de probación de la patria potestad para los condenados por homicidio o asesinato, lesiones graves o violencia habitual.
Del mismo modo, ha destacado entre las recomendaciones del organismo la ampliación del concepto de violencia de género dentro de la legislación, lo que, según ha explicado, permitiría incluir conductas como los matrimonios forzosos, la mutilación genital o el acoso sexual.
