MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, considera que la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular para el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que legalizaría la devolución sobre la marcha de los inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla es "inconstitucional" y choca con la legalidad internacional.
En declaraciones a Europa Press, Solans explica que devolver a un inmigrante a Marruecos sin darle la oportunidad actualmente recogida por la ley, de pedir asilo o protección internacional por razones humanitarias, es directamente inconstitucional porque vulnera el derecho fundamental de esa persona a ser escuchada.
"El problema no es que se vaya a legalizar la devolución en caliente, el problema es que no se puede legalizar la devolución en caliente porque es inconstitucional: lo que impide es el derecho de audiencia, impide que esa persona sea escuchada, así que de facto se impide el ejercicio de un derecho constitucional", plantea el experto en Extranjería.
Solans insiste además en que "se impide también el ejercicio de un derecho constitucional y consagrado por toda la legislación internacional" que es el derecho de pedir asilo o protección a España. "Hay situaciones humanitarias que deben ser escuchadas y la única garantía de que se le escucha es que haya alguien imparcial a su lado, en este caso, tal y como establece la ley, un abogado", sentencia Solans.
"No sé como se va a colar eso dentro del marco del Derecho de Defensa que recoge la Constitución, del derecho de audiencia que implica ese derecho a la defensa, de las gartantias jurídicas generales de nuestro ordenamiento, de la legislación de asilo y de todos los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado España", añade el letrado.
Para Solans, "es cierto que el PP tiene mayoría absoluta y puede reformar la ley a su gusto", pero no puede perder de vista "que existe una Constitución y unos tratados internacionales que España ha firmado" y todo un "ordenamiento superior" que no puede contradecir.
"Estamos hablando de menores, de mujeres amenazadas, de sirios, de caboverdianos, nigerianos que vienen perseguidos de su país; personas que vienen a pedir protección y España debe dársela porque así lo establece la Constitución y el marco internacional", asegura.
Además, considera que la reforma pretendida "viene a ser un reconocimiento tácito de que lo que se ha hecho hasta ahora es ilegal". En su opinión, "lo que están haciendo son maniobras una detrás de otra para no cuplir la ley". "Ahora la quieren cambiar, pues primero que expliquen por qué, si hasta ahora todo era legal", apunta.
"Si necesitan reformar la ley para dar cobertura a lo que han venido haciendo hasta ahora es que no estaba de acuerdo con la ley. Nos están dando la razon en que no era legal así que, ¿Quién va a ser el responsable de lo que se está haciendo hasta que se apruebe esta cláusula?", plantea Solans.
Por último, a nivel técnico, reflexiona sobre el hecho de que al introducir, como pretende el PP, una disposición adicional a la ley exclusiva para regular la situación de Ceuta y Melilla, se esté abriendo la puerta a leyes concretas para territorios concretos. "Chirría y supone algo irregular que se cree un régimen especial para las ciudades autónomas. ¿Es que no son territorio nacional como el resto? No se legisla para casos ni lugares concretos", plantea.
