SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos (Cs) ha asegurado que solicitará al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que cese de sus responsabilidades al otrora concejal de la formación Juan Cassá, cuya situación de tránsfuga el partido naranja entiende que queda acreditada tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de un concejal valenciano.
En la misma, según especifican a Europa Press fuentes de Cs, se reseña que "quien pueda ser considerado tránsfuga no podrá asumir cargos o percibir retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".
La justicia, según las fuentes consultadas, ha dado la razón a Ciudadanos, que ya exigió a Juan Cassá la devolución del acta por su condición de tránsfuga, en su planteamiento de que el transfuguismo es otra forma más de corrupción, y por eso desde Ciudadanos "se seguirá trabajando" para que se renueve el Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, una vez que el pasado mes de julio la formación naranja logró reactivar la Comisión del Congreso tras diez años paralizada, con el objetivo de que este tipo de situaciones dejen de producirse en las administraciones públicas españolas.
En lo referente al fallo judicial, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, "impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas", respecto a un caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de la Font de la Figuera (Valencia) tras la elecciones de mayo de 2015.
Inicialmente, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dio en parte la razón a la concejal María José Penadés (PP) contra dos resoluciones del consistorio de junio de 2015 sobre los nombramientos de la edil no adscrita Purificación Lluch --ex de Cs que apoyó para alcalde al candidato de Compromís-- y ordenó al Ayuntamiento que cuantificara las retribuciones e indemnizaciones económicas "indebidamente satisfechas" por esta última como teniente alcalde y miembro de comisiones y otros órganos e instara a su devolución al entender que fueron una compensación por romper la disciplina de su partido.
El Consistorio recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que mantuvo la decisión aunque le dio parcialmente la razón al entender que la anulación de nombramientos para la edil no adscrita no afectaba únicamente al realizado para el consejo agrario municipal. Ante esta resolución, el Ayuntamiento recurrió entonces al TS, que ahora casa la sentencia recurrida exclusivamente en la parte del fallo que anula la integración de la no adscrita en las comisiones informativas.
