MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las defensas de varios promotores, construcciones y empresarios acusados en el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), expondrán esta semana sus informes finales en el juicio, después de que las acusaciones ya hayan presentado sus escritos con las penas y delitos definitivos y sus argumentos.
Está previsto que en la sesión de este el lunes día 25 de la vista oral informen los letrados de cuatro empresarios acusados de dar dinero al presunto cerebro de la supuesta trama, Juan Antonio Roca, para obtener resoluciones favorables o el silencio administrativo para sus proyectos urbanísticos.
Así, informará el abogado defensor del promotor Cristóbal Peñarroya, acusado de un delito de cohecho activo para acto delictivo y para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita, en su escrito de acusación definitiva, una pena de dos años de prisión y multa de 70.000 euros.
Para el mismo día, se prevé que expongan sus informes la defensa del también empresario de la construcción José Ávila Rojas, acusado por el ministerio público de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, ambos continuados, por los que solicita en total 10 años de cárcel y el pago de una multa de 55 millones euros.
También informarán los letrados de Rafael Gómez 'Sandokán', acusado de un delito de cohecho continuado por el que solicita 18 meses de cárcel y multa de 1,2 millones de euros; y de Manuel Lores, acusado del mismo delito, por el que pide que se le imponga una pena de dos años de prisión y multa de 100.000 euros.
Asimismo está previsto que intervenga la defensa del acusado José Andrés León Rull, entonces relacionado con la promotora Aifos, acusado de un delito de cohecho activo con carácter continuado, para el que el fiscal Anticorrupción solicita cinco años de cárcel y multa de ocho millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca de los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que él es "el jefe de la misma"; prevaricación, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho, por los que solicita en total una pena de 30 años de prisión y multa de unos 800 millones de euros.
En cuanto a los empresarios, mantuvo la acusación para ellos por cohecho activo, por supuestamente dar dinero a Roca para obtener resoluciones urbanísticas, y las penas solicitadas no sufren cambios respecto al primer escrito de conclusiones provisionales en procesados como Ávila Rojas, Rafael Gómez o Peñarroya.
En su nuevo escrito de acusación, el fiscal sigue manteniendo que Roca logró "amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Consistorio y que tras la moción de censura contra Julián Muñoz su posición "se incrementa", dirigiendo "totalmente el Ayuntamiento".
Señala que aprovechó ese poder y el procedimiento fue negociar con empresarios que "estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", los nuevos parámetros urbanísticos de los terrenos, "bajo el compromiso de incluirlos en el documento de revisión del plan general de ordenación".
