Hasta el momento hay ocho detenidos, entre ellos el exalcalde de Alcaucín, que ya fue arrestado en 2009 por esta misma causa
MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han terminado sobre las 18.00 horas su registro en la sede del Patronato de Recaudación Provincial, donde llegaron sobre las 08.00 horas por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga) en busca de información relacionada con una pieza separada del caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín.
Según han informado desde la Diputación de Málaga, de la que depende dicho Patronato de Recaudación, este órgano provincial ha colaborado con los agentes de la Guardia Civil poniendo todos los medios necesarios para facilitar la investigación. Asimismo, se ha puesto a disposición de la jueza que instruye el caso para ayudarle en cualquier cuestión que necesite, según han indicado a través de un comunicado.
En concreto, han precisado que los agentes han recopilado documentos de la Unidad de Gestión Catastral del Patronato, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La investigación se ha centrado en cuatro auxiliares administrativos y persigue recabar información desde el año 2001 en adelante.
Los agentes de la Benemérita han intervenido cuantos efectos puedan servir como medio de prueba para acreditar la presunta comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
En la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación Provincial se tramitan expedientes de información catastral que después se trasladan a la Gerencia del Catastro de Hacienda, que es quien lo valida. En el Patronato de Recaudación Provincial trabajan 428 personas, 25 de las cuales se integran en la Unidad de Gestión Catastral.
El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, Francisco Salado, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que el ente supramunicipal se personará como acusación particular en el caso 'Arcos' y ha explicado que cuando se inició la causa en 2009, el gobierno de entonces, conformado por PSOE e Izquierda Unida (IU), les dijo que la institución provincial se iba a personar "pero nos hemos encontrado con que no lo hicieron", ha manifestado.
INVESTIGACIÓN
Los detenidos en esta operación son el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, que actualmente es concejal en la oposición y que ya fue arrestado al inicio de la causa en febrero de 2009, así como el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de dicha institución José Francisco Mora, cuando iba a su trabajo en la Diputación, el cual también fue arrestado como el anterior al comienzo del procedimiento.
Los otros detenidos son un funcionario del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga, el exsecretario municipal de Alcaucín, un promotor inmobiliario y un abogado o asesor jurídico, que también consta ya imputado en la causa.
La investigación, iniciada hace más de un año, ha permitido desarticular una supuesta trama "compuesta por funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, los que, coordinados por un abogado, modificaban las bases de datos del Catastro, con la finalidad de introducir en las mismas información falsa o cuando menos engañosa", según han explicado.
De esta manera, daban "cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable". Además, a cambio de estas presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales "varios de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales".
Según la Guardia Civil, "hacían creer a los ciudadanos interesados en la adquisición de suelo, principalmente extranjeros, que sobre las parcelas que compraban se podía construir de manera legal, cuando en realidad se trataba de parcelas no urbanizables". La operación, denominada 'Tristán', sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
DETENCIONES "DESPROPORCIONADAS"
Precisamente, el abogado de José Francisco Mora, José Carlos Aguilera, ha calificado las detenciones efectuadas este martes como "innecesarias y desproporcionadas". "Creo que es difícil, acaso imposible, justificar los arrestos practicados", ha dicho, y ha agregado que "a estas alturas no son medidas necesarias".
A juicio de Aguilera, "es un mal día para el derecho a la libertad y para la presunción de inocencia". "La detención, la más severa y drástica de las medidas frente al derecho a la libertad, es una medida excepcional, que ha de ser proporcional a los fines que la justifican y, además, estrictamente necesaria", ha manifestado en un comunicado.
Además, ha aludido a la "pena de calabozo", dependencias "cuyas condiciones siguen siendo deplorables, incompatibles en muchos casos con el respeto a la dignidad de las personas, lo que representa una forma de trato inhumano y degradante de los detenidos".
La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con el apoyo de la Comandancia de Málaga, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que instruye el caso 'Arcos' y que ha autorizado tanto los registros como las detenciones. También se ha contado con la colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
