MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Málaga tiene previsto iniciar esta semana el juicio a una organización presuntamente dedicada a introducir en España hachís procedente de Marruecos, para lo que usaban barcos de recreo que estaban atracados en el puerto deportivo de Benalmádena. Así, se les intervino en una operación casi tres toneladas de dicha sustancia.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga aplazó el comienzo de la vista oral hasta este lunes por varios motivos, entre ellos que había varios letrados que se habían hecho cargo de la defensa hace poco tiempo y no habían podido conocer la causa, incluso en algún caso no se le había dado traslado del procedimiento completo. Está previsto que juicio siga el martes y tiene otras seis sesiones.
El fiscal acusa en esta causa por los delitos de tráfico de drogas, en diferentes modalidades pero siempre de sustancias que no causan daño a la salud, como es el hachís; además de por blanqueo de capitales y falsedad en documento público. Uno de los 22 procesados es agente de la guardia civil y presuntamente actuaba en colaboración con otros acusados.
Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, seis de los acusados estaban previamente puestos de acuerdo "y como responsables de la organización que firmaron" se dedicaban a introducir dicha sustancia a través del puerto deportivo de Benalmádena, donde tenían atracados varios barcos.
Uno de estos procesados era, según la Fiscalía, el encargado de mantener los contactos tanto con los marroquíes que enviaban las sustancias a España como con los afincados en Holanda, "destino final de la sustancia". Otro acusado se encargó de crear la sociedad que "les permitía tener varias embarcaciones de recreo", de las que era patrón otro de los imputados.
Asimismo, "para dar cobertura a las operaciones que realizaban actuaban en connivencia" con el acusado guardia civil en activo, que era mecánico destinado en el Servicio Marítimo Provincial con base en el puerto deportivo de Benalmádena, señala la acusación. Los supuestos miembros de la red disponían de los barcos y realizaban ellos mismos las labores de mantenimiento y reparaciones.
Según el escrito del ministerio público, las embarcaciones salían el día previsto a primera hora de la mañana con la excusa de la pesca deportiva, se desplazaban unas 20 millas mar adentro y desde una embarcación de alta velocidad se alijaban una importante cantidad de hachís. Una vez cargado el barco, volvía a puerto y de madrugada traspasaban el estupefaciente a un vehículo autocaravana.
En septiembre de 2004, tras haber planeado una operación a través de llamadas telefónicas y reuniones, varios de los acusados fueron detenidos en la caravana, en la embarcación o en el agua en el momento en el que estaban formando una cadena para descargar dicha sustancia, se explica en la calificación inicial. Se intervinieron 19 fardos en el vehículo y 72 en el barco.
El total de la droga incautada fue de 2,7 toneladas de hachís, valorada en 3,4 millones de euros. Algunos de los acusados, con pasaporte británico, fueron contratados específicamente para ayudar en esta operación, sostiene el fiscal, quien añade que otros realizaban tareas de vigilancia a la entrada del pantalán del recinto portuario.
Algunos acusados, indica la Fiscalía, transformaron las ganancias obtenidas constituyendo sociedades mercantiles y valiéndose de terceras personas, como sus pareja, también acusadas, "para poner a su nombre sus bienes pagados con dinero en efectivo de su actividad delictiva, encubriendo de esta manera la verdadera titularidad de los mismos".
Por esto, se les acusa de un delito de blanqueo de capitales. El escrito de conclusiones provisionales del ministerio público incluye datos de los estudios patrimoniales realizados a los acusados, de donde se desprende que algunos procesados disponían de cantidades de dinero "totalmente desproporcionadas" con los ingresos legítimos.
