El concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO
MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Málaga va a revocar y devolver de oficio las sanciones abonadas por el incumplimiento de la ordenanza de Movilidad en lo que respecta a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Para ello, Gestrisam habilitará desde este lunes un enlace para que los sancionados indiquen los datos bancarios pertinentes para ello.
Se estima que el importe a reingresar asciende a unos 1,38 millones de euros, relativo a unos 13.600 expedientes ya cobrados, según ha detallado el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde.
El edil ha indicado que "en total, desde diciembre de 2025 desde ese momento que empiezan a ser efectivas las multas, han sido un total de 49.652 las recibidas en el organismo de gestión tributaria", precisando que "cuando nos vamos a fecha de hoy, solo 13.600 expedientes han sido cobrados; y eso equivale en importe económico a 1,38 millones de euros". "Aquí el Ayuntamiento nunca ha buscado un afán recaudatorio", ha matizado.
Por otro lado, en el caso de los expedientes que se encuentren en fase de tramitación, Gestrisam procederá a la anulación de todos los expedientes incoados. "Sin que la persona afectada tenga que hacer nada de nada", llamando "a la serenidad a los pronunciamientos de los grupos políticos a que no animen a la gente a hacer recursos innecesarios".
Las medidas adoptadas para ambos casos serán efectivas cuando la sentencia adquiera firmeza, y, en ese momento, se iniciará la tramitación del reintegro de las cantidades abonadas. Por ello, mientras tanto, se han suspendido cautelarmente todas las actuaciones en curso.
Conde ha señalado que, aunque la voluntad del equipo de gobierno es no recurrir el fallo, la sentencia se encuentra aún en plazo para interponer recurso de casación ante el Supremo, por lo que, hasta el momento, la sentencia no ha adquirido firmeza.
El plazo disponible para ello es de 30 días hábiles a contar desde el momento de la notificación del último auto --que fue el 13 de octubre de 2026--. Para que las actuaciones se puedan impulsar de manera efectiva es necesario el transcurso del citado plazo y la expedición del certificado de la firmeza de la sentencia.
En el caso de que la sentencia sea recurrida, habría que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo y la adquisición de la firmeza de su sentencia, que también se sometería a idéntico trámite que en el caso anterior.
Conde ha insistido en que el Ayuntamiento no va a recurrir el fallo y ha mostrado cautela sobre el posicionamiento de Vox porque "van dando bandazos y equivocándose cuando dan un paso en esta materia".
Ha incidido en que el grupo municipal de Vox "en esto anda un poco dando pasos para un lado y para otro" y ha hecho lo que, a su juicio, se puede "definir como darse un tiro en el pie", precisando que "Vox no quería la ordenanza de ninguna manera".
Al respecto, ha recordado que "el juzgado lo que hace es ratificar que la ordenanza nuestra está bien redactada, salvo por uno de los artículos que tiene que ver con esa cláusula, de alguna manera, malagueña, donde el vehículo que reside en el municipio de Málaga, no era de aplicación las sanciones".
"Por eso hablo de tirarse un tiro en el pie, porque iban a por lo mayor y al final ha conseguido que una ordenanza que venía avanzando y que era beneficiosa para los ciudadanos del municipio de Málaga, sea el propio juzgado en la sentencia el que diga que ese artículo que genera evidentemente disparidad entre los que son de fuera y de dentro no podía seguir estando", ha aclarado, al tiempo que ha añadido que "de ahí nuestra cautela a la hora de pensar qué va a hacer el grupo Vox con una sentencia que sabemos que no le ha dado la razón".
Al respecto, Conde ha señalado que "posiblemente no hagan nada y será algo positivo porque la sentencia adquirirá firmeza, porque cada vez que han dado un paso más, peor lo hacen".
Por otro lado, ha recordado que la ordenanza de Movilidad Sostenible de Málaga entró en vigor el 30 de noviembre de 2024. Durante el primer año de vigencia de la norma podían circular por el perímetro de la ZBE todos los vehículos, residentes y no residentes, con y sin etiqueta medioambiental. A partir del 30 de noviembre de 2025, comenzó la restricción para aquellos vehículos sin etiqueta medioambiental y no domiciliados en Málaga capital antes de la entrada en vigor de la ordenanza en 2024.
El Consistorio va a acatar dicha resolución judicial, tal y como se informó el pasado 13 de octubre, en la que se estima de forma parcial el recurso y se anula y deja sin efecto solo el articulado de la ordenanza referente a la ZBE (artículos XI y XV).
Así, desde el pasado 14 de octubre, como consecuencia de ello, han dejado de denunciarse y de incoarse los procedimientos sancionadores por el acceso y la circulación en la ZBE.
Conde, en rueda de prensa, ha incidido en que el Ayuntamiento "siempre ha funcionado dentro del ámbito de la legalidad, como no puede ser de otra manera, con la seguridad jurídica de por medio y, por supuesto, con la prudencia" cuando se trata de temas de impuestos o multas. "Es ahora y no antes", ha sostenido.
ACTUACIONES DE OFICIO
Las actuaciones se realizarán de oficio, sin necesidad de otros trámites para los sancionados salvo la aportación de la cuenta bancaria, mediante el enlace que se habilitará desde hoy para ello, para aquellos que hayan abonado la correspondiente sanción.
Para ello, las personas sancionadas deberán facilitar los datos de una cuenta bancaria de su titularidad a través del siguiente enlace: Devolución de ingresos (O.A. Gestión Tributaria).
Se podrá realizar de forma presencial en cualquiera de las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Málaga (OMAC); en las oficinas de Organismo Autónomo de Gestión Tributaria mediante cita previa (citaprevia@malaga.eu); y en sede electrónica presentando la documentación en el enlace anterior.
Además, como se ha indicado, dejarán de emitirse notificaciones para los expedientes que ya hayan sido iniciados y aquellos que se encuentran en curso se anularán igualmente.
También se suspenderán cautelarmente y darán de baja de oficio, sin necesidad de reclamación expresa, aquellos expedientes que se encuentren en tramitación en sus diferentes fases, que incluye también la fase de apremio.