MÁLAGA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La defensa del ex alcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos aseguró hoy que la situación de prisión en la que sigue el ex regidor "no tiene justificación constitucional" y apuntó que "ni Barrientos, ni ningún otro preso preventivo tienen que pagar un precio tan alto, su libertad, a cuenta de dilaciones injustificadas en el proceso, sean las que sean, o de la sobrecarga de trabajo del Juzgado".
La Audiencia de Málaga confirmó ayer el auto del juzgado que instruye el caso 'Astapa', contra la corrupción urbanística, que decretó el 20 de junio prisión incondicional, y decidió mantener en la cárcel al ex alcalde ante la posibilidad "de influir en las diligencias de investigación pendientes de practicar", en concreto la declaración de testigos o imputados.
En este sentido, uno de los letrados de la defensa José Carlos Aguilera recordó que ha transcurrido ya un mes y 11 días desde que Barrientos entrara en prisión "tiempo más que suficiente para que ya hubieran prestado declaración todos los testigos o nuevos imputados a los que se refiere el fiscal", quien, según consideró, "debía ser el primero en pedir que se practicaran sin demora estas diligencias si de ello se hace depender la libertad de una persona".
Así, el codefensor precisó hoy a través de un comunicado, remitido a Europa Press, que según el Tribunal Constitucional "cuando se instruye una causa con preso, todos los días y todas las horas son hábiles, y no hay ni domingos, ni días festivos, ni vacaciones", ya que "así lo exige la defensa y el respeto del primero y más importante de nuestros derechos: el de la libertad".
Para el abogado, la razón esgrimida para rechazar la puesta en libertad "no puede legitimar esta media tan severa como excepcional", apuntando, además, que carece "de toda lógica". "Cómo se puede influir en testigos o nuevos imputados cuya identidad se desconoce al estar declarado el secreto de la causa", se preguntó.
Además, indicó que inducir a un testigo a no decir la verdad "es un delito, lo que significa que la Sala establece como premisa para mantenerle en prisión que Barrientos cometería un nuevo delito: el de inducción al falso testimonio". "Este disparatado presupuesto nunca puede legitimar constitucionalmente una medida cautelar como la prisión provisional", concluyó.
La Sección Segunda precisó, en un auto notificado ayer, que el hecho de que Barrientos haya renunciado a su cargo de alcalde y a su afiliación en el PSOE "no elimina" los riesgos de destrucción de pruebas o influencia en testigos, puesto que recordaba que "ha sido alcalde durante bastante tiempo, que ha prestado servicios a multitud de personas y que, por tanto, podría influir en mayor o menor medida en la declaración de las mismas".
Así, en dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se señalaba que es en este momento "cuando es necesario preservar la posible influencia de dicho imputado por sí o a través de terceros en obstacularizar la investigación de los hechos, todavía en una fase inicial" y, aunque dice que el procedimiento se inició "bastante tiempo atrás a la detención de Barrientos", se apunta que "dicha persona no tenía conocimiento de la investigación y por tanto no podía perjudicarla".
La Sala entiende que el auto recurrido "razona suficientemente la existencia de datos de hecho conducentes a la adopción de la medida" de prisión e incide en que esa resolución refleja "la existencia de múltiples hechos que presentan caracteres de delitos sancionados con pena igual o superior" a dos años de prisión, "irregularidades" en las Barrientos aparece "como el máximo responsable".
Asimismo, el Tribunal decidió confirmar también los autos de prisión dictados por la jueza que investiga el caso, Isabel Conejo, para el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores y los ediles del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina; mientras que en el caso del técnico Javier Wiitmeur fijó una fianza de 60.000 euros para salir de la cárcel.
