ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA), 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma en Defensa de la Salud y de la Sierra anunció hoy que han solicitado al alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, el cierre y precinto de las plantas de machaqueo de las explotaciones, una actuación administrativa que, a su juicio, tendrá que realizar "para no incurrir en nuevas irregularidades".
Asimismo, aseguraron que el plan de restauración de canteras propuesto ayer por Villanova, "sólo pretende perpetuar la extracción y suministro de áridos de las canteras".
Según señalaron en un comunicado, la propuesta de que el citado plan "dure siete años y que mientras tanto las canteras puedan seguir extrayendo y suministrando material es una ilegalidad grave".
Explicaron que la restauración consiste en la recuperación de la zona de sierra y monte arrasada por los canteros, "reponiendo en lo posible a su estado inicial de lo destruido", al tiempo que indicaron que "no consiste en la extracción y en el suministro de materiales, sino en el aporte y entrada de miles de camiones, de toneladas de tierra, plantación de árboles, etcétera".
"La restauración, según la Ley, en este caso, al haber sido declaradas ilegales las canteras, no la proponen, ni lo solicitan los infractores", sino que "es el Ayuntamiento el que lo ordena y obliga a su ejecución", precisaron.
Por otra parte, indicaron que aunque para restaurar las canteras se necesita a centenares de empleados y mano de obra, "que no engañe y mienta Villanova", porque "durante una restauración no se suministra ni se vende árido".
"Tampoco es cierto lo manifestado por el regidor alhaurino en referencia a que las canteras cerradas tienen permisos legales para sus plantas de machaqueo", apuntaron, ya que "la de Sando está declarada ilegal por la propia sentencia; la de Taralpe, según un informe del Ayuntamiento de Alhaurín del año 2003, no tiene licencia de apertura para planta de machaqueo, y con respecto a la de Pinos de Alhaurín, no consta en el Consistorio ninguna licencia a nombre del titular actual de la explotación".
COMPETENCIAS
Por otra parte, desde la plataforma anticanteras declararon que les extraña "el interés que tiene el PP para que la Junta de Andalucía le quite a los ayuntamientos la competencia urbanística en el tema de las canteras". "Es una postura de listillos", sentenciaron.
"Las competencias interesantes del urbanismo para los ayuntamientos, como es la construcción y los convenios urbanísticos y, sin embargo, las relativas a materias que producen perjuicios sociales para los habitantes de estos municipios que las asuma la Junta de Andalucía", criticaron, y añadieron que "la competencia final para autorizar una cantera es del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y no la puede otorgar porque sería un delito".
En este sentido, expusieron que la propuesta de una ley o norma supramunicipal, como es un Plan Director de Canteras, en primer lugar "sería un proceso que duraría varios años", y en segundo lugar, "no sería de aplicación a las canteras cerradas por ilegales de Alhaurín de la Torre", porque "estas canteras ya no existen y están cerradas".
Así, aseguraron que "cualquier ley o plan posterior será, en todo caso, para canteras nuevas o para las que están en funcionamiento", y "esa es la diferencia con Baleares, donde se ha tardado ocho años en hacer esa norma" y "las canteras cerradas por sentencia firme no han abierto con esta norma".
Insistieron en que Villanova "ha permitido durante años la existencia en su municipio de canteras ilegales y clandestinas", una circunstancia por la que "tuvo que declarar en calidad de imputado por un presunto delito contra el medio ambiente en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos, como consecuencia de los daños irreversibles al ecosistema de la Sierra de Mijas realizados por estas explotaciones extractivas".
También recordaron que, tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "no le quedó otro remedio que cumplir la ley y no otorgar nuevas licencias de apertura pues, en caso contrario, estaría cometiendo un delito de prevaricación". En este sentido, desde la plataforma afirmaron que, sin embargo, el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, "ha manifestado que su interés es que las canteras sigan en el municipio, y que el regidor estaría encantado de dar nuevas licencias de apertura".
Finalmente, afirmaron que la única solución para el conflicto "es la legal" y el Ayuntamiento "tendrá que dar orden de restauración y reposición a su estado anterior de lo destruido por los canteros y a éstos se les va a abrir por ley un expediente sancionador por sus graves incumplimientos legales", concluyeron.
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