Aprueba la cesión de uso de las instalaciones del Centro Guadalmedina para asistencia a pacientes con COVID leves o moderados
MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado solicitar a la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía que deje sin efecto la reclamación de devolución de cinco millones de euros de la subvención concedida en virtud del convenio del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del año 2017.
En la sesión ordinaria de este mes, la oposición de PSOE y Adelante ha criticado al equipo de gobierno por esta reclamación, aludiendo a la "mala gestión" que se realiza en la institución provincial con los fondos del PFEA y los retrasos en los pagos a los ayuntamientos.
El portavoz del PP y diputado del Área de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, ha admitido "complicaciones" en el año 2017 respecto a este plan y ha considerado que la petición de la Junta de Andalucía "es injusta pero el pez grande se come al chico".
La pretensión de la institución es "solicitar de manera expresa la
suspensión de la ejecutividad del acto administrativo, toda vez que su ejecución supondría un perjuicio económico de imposible o difícil reparación". Además, en el expediente se enumeran los acuerdos alcanzados con el Gobierno andaluz así como los diferentes requerimientos realizados entre ambas administraciones respecto a esta solicitud de devolución y la jurisdicción existente.
Oblaré ha enumerado las dificultades a lo largo de los años con el PFEA, con "plantillas flotantes", la gestión de "muchísimos expedientes, muy farragosos" y el "ritmo" de las diferentes adminitraciones: el SEPE --al que se requería para la contratación--, los ayuntamientos a la hora de hacer las obras y la Junta en el pago.
En este punto, ha aclarado que el Gobierno andaluz los fondos del PFEA "no los paga nunca por adelantado, paga a final del año firmado"; de hecho, ha señalado que respecto a este 2021 "no sé qué dinero va a ser necesario para el convenio. No lo sabe el SEPE, la Junta tampoco y nosotros tampoco" por lo que ha incidido en que la Diputación no puede adelantar un dinero a los ayuntamientos "que no tenemos y que se hace a través de un convenio".
El diputado 'popular' ha sostenido que dentro de la colaboración con la Junta de Andalucía "le pedíamos que tuviera indulgencia en la justificación" y se reclamó "pero no nos lo ha reconocido". Pese a todo, ha dejado claro que los ayuntamientos recibieron sus fondos e hicieron las obras y ha asegurado que la Diputación si finalmente debe abonar este dinero lo hará de sus ingresos, "sin detraer de ninguno de los proyectos".
También ha reiterado que desde 2017, cuando se produjeron estas dificultades con el PFEA y su justificación, se reforzó el equipo y "en año y medio desde aquel momento se han satisfecho todos los fondos del 2017, todos los del 2018, todos los del 2019 y estamos en trámites del 2020. Son 22,8 millones tramitados, no es para poner dudas de los trabajadores que se han matado en este tiempo".
Por su parte, el diputado provincial del PSOE Manuel Chicón ha defendido que el PFEA es "uno de los programas más importantes" de la Diputación, "básico para los municipios"; y ha criticado que el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, "reclame dinero a la Diputación de 2017, cuando él era el presidente": "Otro sainete más".
A su juicio, este plan se está convirtiendo "en un problema para muchos municipios pero quizá es lo que pretendían cuando han ido desmantelando este Área", algo que ha negado Oblaré.
"Nos parece muy grave que se reclamen cinco millones por la incapacidad en la gestión", ha enfatizado Chicón, quien ha confiado en que este reintegro no repercuta en los municipios, insistiendo, además, en que la Diputación adelante el dinero del PFEA "para evitar la asfixia económica que supone para los ayuntamientos.
Igual ha demandado la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, quien ha criticado la gestión de los PFEA y ha admitido que ve "complicado" que se adelante la financiación "si tienen incluso que devolverla" a la Junta. "El PFEA es de vital importancia, los municipios necesitan que se les abone en tiempo y forma", ha insistido, lamentando que los ayuntamientos tengan que esperar "uno o dos años a que se les pague y tienen que adelantarlo o dejárselo a deber a los proveedores".
Ha considerado "injusto" que el reintegro a la Junta afecte a los municipios: "No se sacará del anexo de inversiones pero sí de los presupuestos de la Diputación, sea de 2021, de 2022 o de 2023, del remanente o del préstamo pero se mermará la capacidad de atender las necesidades de los municipios". Igualmente, ha recordado a Oblaré que en cada pleno se llevan reintegros a los municipios "y no piden compasión con ellos": "La Diputación se come también a los peces pequeños que son los ayuntamientos".
RATIFICACIÓN CESIÓN DEL CENTRO GUADALMEDINA
Además, El Pleno ha aprobado ceder a la Junta de Andalucía, en concreto al Servicio Andaluz de Salud (SAS), el uso de las instalaciones del Centro Guadalmedina para pacientes con COVID-19, después del requerimiento realizado a finales de enero ante la evolución de la tercera ola del COVID.
El SAS ve "imprescindible" la planificación y puesta en marcha de medidas para anticiparse al control del virus y solicita este centro para pacientes con sintomatología leve y moderada con COVID positivo en situación de estabilidad clínica.
La Diputación considera que procede la cesión por mutación demanial externa ante razones de "extremada urgencia" para cooperar con el SAS cediendo el centro para atención sanitaria, permitiéndose "con premura" la instalación de un hospital de campaña y su ratificación en el pleno.
La vicepresidenta cuarta de la institución y diputada responsable del Área de Ciudadanía, Natacha Rivas, ha explicado la autorización del uso las instalaciones del Centro Guadalmedina, cuyos usuarios fueron trasladados el pasado año al Centro Asistencial San Juan de Dios dentro de la cesión total a la Junta de Andalucía de la parcela del Hospital Civil para la futura ejecución del tercer hospital de Málaga.
Desde el SAS se les solicitó la cesión de estas instalaciones ante el avance del COVID en la tercera ola y se han habilitado para ello 60 camas, que de momento no ha sido necesario utilizar "y eso es buena señal de que los hospitales van aguantando pero están ahí en caso de necesidad". Rivas ha aclarado que esta autorización de uso no afecta a la cesión definitiva a la misma administración, prevista en breve, de la parcela para la construcción del tercer hospital.
Desde la oposición, las diputadas de Adelante Maribel González y del PSOE Antonia García han mostrado el voto favorable a esta cesión. No obstante, González ha criticado el "parcheo" que se ha realizado y ha considerado que apuestan por la optimización de recursos "pero no se está llevando a cabo".
García ha considerado que esta cesión temporal del uso para pacientes COVID evidencia que "no había necesidad tan urgente de trasladar a los usuarios del Centro Guadalmedina" a otras instalaciones para el tercer hospital: "Estaba todo perfectamente orquestado para despojarnos de otro centro más. Se hizo un daño irreparable a los usuarios, que se podía haber evitado, lo denunciamos una y otra vez y se nos decía que era incompatible ceder terreno con los usuarios dentro pero ahora no es incompatible ceder los terrenos y tener a pacientes con COVID en el Centro Guadalmedina".
Pese a ello, ha incidido en el voto favorable como "ejercicio de responsabilidad" y ha recordado que se cede para pacientes con COVID mientras "se hizo una gran inversión en Carranque y no ha sido utilizado; con una inversión millonaria que no se atreven a dar". Además, ha aludido a la apertura del Hospital de Estepona "y que hoy tiene a cinco pacientes con COVID": "Una importante inversión para atender a cinco pacientes".
