MÁLAGA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, se ha referido este domingo que el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA) para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, que se debate esta próxima semana en el Parlamento, de la que ha dicho "es fruto de una absoluta miopía con la que el Gobierno socialista de la Junta ha visto siempre el urbanismo en nuestra tierra".
"No reconoce la totalidad de los problemas urbanísticos que tenemos y no regulariza la mayor parte de las viviendas irregulares que tenemos en nuestra tierra", ha advertido Navarro en rueda de prensa en Málaga, en la que ha afirmado también que "es poco ambiciosa, por eso de que solo, como mucho, una de cada seis viviendas se verá beneficiada por esta ley", y, además, "descarga excesiva responsabilidad en los Ayuntamientos sin contraprestación alguna".
En este sentido, ha señalado que "esta ley no supone un punto y final para que no siga sucediendo esta situación en Andalucía, para que no se sigan levantando edificaciones allí donde no se pueden levantar". Por todo ello, ha considerado que es "una oportunidad perdida para Andalucía y los andaluces".
Navarro ha afirmado que para el PP este proyecto de ley "llega tarde, no sólo por los siete u ocho meses estancado en sede Parlamentaria hasta su aprobación definitiva la próxima semana", sino, porque, además, "no viene a solucionar mucha de las cuestiones que el urbanismo adolece nuestra tierra".
De igual modo, ha destacado que también "llega tarde" porque viene a solucionar defectos que el decreto 2/2012 que, según ha explicado, se aprobó para regularizar las viviendas bajo la figura de asimiladas fuera de ordenación lo que ha impedido que se haya podido utilizar para la regularización de esas viviendas.
Ha agregado también que para el PP-A esta ley "es de un alcance muy limitado, con la que creemos, la Junta de Andalucía, pierde una oportunidad de oro porque ofrece muy poca solución al conjunto de problemas que el urbanismo presenta en la región".
Ha criticado, al respecto, que "solo se regularizarán como mucho una de cada seis viviendas irregulares en Andalucía y por tanto no da solución a la inmensa mayoría de esas 300.000 familias que viven desde hace años con la amenaza del derribo detrás del cogote", ha lamentado.
APOYO "POR RESPONSABILIDAD"
"Es un proyecto de ley que no es el que hubiera hecho el PP-A pero lo vamos a apoyar por responsabilidad y lealtad a todos aquellos colectivos afectados, familias, que por lo menos, van a ver resuelto su problema con esta ley", ha señalado.
Al respecto, ha explicado que esta ley podrá dar solución a algunos tipos de viviendas, concretamente, a las viviendas en parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable y a las que se puedan acoger al régimen de asimilada fuera de ordenación.
ENMIENDAS
Navarro ha señalado que "el PP no solo va a mostrar su voto favorable al conjunto de la ley", sino que también ha presentado enmiendas "para poder mejorar el texto", que, ha dicho, "dejaba mucho que desear en cuanto a calidad legislativa".
En este punto, ha detallado que han sido un total de 15 enmiendas las presentadas, de las que cuatro ya están incorporadas en la tramitación.
En concreto, ha explicado que una de ellas "intenta garantizar el cumplimiento de la Ley permitiendo que cuando un ayuntamiento, por falta de diligencias o por falta de medios, no pueda o quiera hacerse cargo de las funciones que la propia ley le encomienda, sea la administración autonómica la que, previo acuerdo con el ayuntamiento, pueda hacerse cargo de esas funciones".
Otra de las enmiendas incluye una instancia al Gobierno andaluz para que "apruebe el reglamento de planeamiento que preveía a LOUA en 2002 que se creara y que 14 años después no se ha hecho".
Además, otra de ellas va encaminada a que se elabore y apruebe una instrucción para que los procedimientos de regularización de las viviendas asimiladas fuera de ordenación estén detallados y claros.
De igual modo, otra de las enmiendas se refiere a la elaboración y aprobación de un texto refundido que compile "toda esa normativa urbanística dispersa a lo largo y ancho del ordenamiento jurídico andaluz para poder hacer más fácil, efectiva y eficaz la aplicación de la normativa urbanística en Andalucía".
Por otro lado, Navarro ha incidido en que el resto de enmiendas, "que se han quedado fuera, pero que esperamos poder llegar a acuerdo con el resto de grupos para que antes del debate y votación de la ley podamos contar con ellas dentro del texto normativo", se refieren a un bloque de nueve que proviene de una petición de los registradores de la Andalucía oriental "dirigido a dar mayor garantía a este proceso de regularización detallando algunas cuestiones importantes del momento de su inscripción en el registro".
Asimismo, la segunda de las enmiendas que se ha quedado aún fuera en la tramitación pero que, ha agregado, "esperamos que el resto de grupos reconsideren su postura", es una petición "histórica" del PP en relación con la ley de segunda oportunidad, "que intente regularizar el máximo número de viviendas en situación irregular de Andalucía, pero que también suponga un punto y final para que estas situaciones no se vuelvan a dar en un futuro".
Por último, se ha referido a otra enmienda en la que el PP pide a la Administración autonómica que "desarrolle un programa de cooperación y auxilio para ayuntamientos". Ha detallado, en este sentido, que en Andalucía coinciden "normalmente que donde más viviendas en situación irregular hay es en los municipios más pequeños, que por tanto tienen menos recursos y menos medios materiales y humanos para poder hacer frente a las obligaciones de carácter urbanísticos".
"Este ha sido posiblemente uno de los problemas que ha llevado a la situación que tenemos en Andalucía con más de 300.000 viviendas ilegales", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que "si a esto queremos darle solución, y además contar con los ayuntamientos para dársela, no tenemos más remedio que la Administración autonómica ponga a disposición de esos ayuntamientos esos medios materiales, técnicos y humanos que les falta para poder aplicar esta ley y regularizar estas viviendas".
Ha lamentado, por último, que esta enmienda estaba dentro del texto normativo, tras llegar a un acuerdo el PP, IU, Podemos y Ciudadanos, pero, que, finalmente, en el momento de la votación el PSOE "convenció a C's para votar que 'no' a esta enmienda, dejando así tirados y en la cuneta a muchos ayuntamientos de Andalucía".
