Pide que se derogue el decreto que permite la precontratación en puertos y aeródromos y que el sector malagueño tacha de "injusto"
MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga presentará este miércoles, en la Comisión de Pleno de Accesibilidad, Movilidad, Ordenación del Territorio y Vivienda, una moción para instar a la Consejería de Fomento y Vivienda a que derogue el Decreto 11/1985 que permite que, bajo precontrataciones, cualquier taxi de la provincia y de otras pueda hacer un servicio en el aeropuerto o en el puerto.
Además, planteará que, si se dicta una nueva disposición, a la hora de regular la recogida en puertos y aeropuertos, se contemple expresamente la reciprocidad, de manera que no haya agravios comparativos como denuncian que ocurre ahora los taxistas de Málaga capital, los cuales han anunciado, de hecho, movilizaciones exigiendo la derogación de este decreto de la Junta.
Así lo ha expresado el concejal de Movilidad, Raúl López, que ha recordado que la aplicación de este decreto ha encontrado desde su puesta en vigor la resistencia de los taxistas de Málaga. Y es que surgió como excepción al principio general de que los servicios del taxi deben tener su origen en el municipio que haya expedido la correspondiente licencia municipal.
En el caso de Málaga, apunta el PP en la citada moción, la entrada en vigor de este decreto "llamó la atención porque la contratación previa se reducía exclusivamente a los puertos y aeropuertos", lo que resultaba "discriminatorio" para los taxistas de la capital, que "no necesitan la precontratación para recoger a pasajeros".
Según se subraya, "mientras el origen de viajeros en el aeropuerto es compartido por los taxistas de todos los municipios de la provincia e, incluso, de algunos de fuera, los servicios con destino en el aeródromo son monopolio de los taxis de cada municipio".
Dadas las características turísticas de Málaga y que el asentamiento mayoritario de los turistas se produce en los municipios de la costa, "son los taxistas de esos municipios los que resultan especialmente beneficiados por la afluencia de visitantes y no los de la capital".
Esta situación, unida a las dificultades de control en la aplicación correcta del decreto de la Junta y de la Resolución de 28 de octubre de 1997 de la Dirección General de Transporte, obligan, a juicio del equipo de gobierno del PP, a la revisión de la normativa.
Al respecto, en la iniciativa se advierte de que si se determina que, para hacer prevalecer la libertad del usuario a la hora de elegir taxi, es procedente el mantenimiento del régimen de contratación previa, "esa libertad de elección resultaría menoscabada para los usuarios que desearan permanecer como clientes de un taxista de la capital si su alojamiento no se emplazara en la ciudad de Málaga".
Como se señala en el texto, este planteamiento municipal ya ha sido recogido en varios acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Málaga, como el de junio de 2004 o el de noviembre de 2011, y, además, ha sido compartido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Finalmente, se incide en que las comunidades de Canarias y Baleares han aceptado planteamientos que atienden a la preferencia, a la hora de recoger viajeros en los aeropuertos, de los taxistas del municipio en el que se sitúan y a la concesión de esa reciprocidad antes mencionada.
