Lee el manifiesto en el que se incide en que los precios de las matrículas deben ser "accesibles y razonables"
MÁLAGA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, ha leído este miércoles el comunicado conjunto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), sumándose así a la petición al Gobierno central de que finalice las medidas excepcionales que afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación. Además, ha considerado que dichas medidas han sido "especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico".
En el manifiesto, que ha sido leído de forma simultánea en 50 universidades públicas y 25 privadas de toda España, se recuerda que ya han pasado dos años desde la aprobación del Real Decreto Ley 14/2012, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, que modificó la Ley Orgánica de Universidades y afectó "a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente".
"Las normas presupuestarias posteriores han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades", ha especificado, al tiempo que ha criticado que se haya cambiado la "naturaleza de derecho" de las becas "por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan". Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años.
CONSECUENCIAS "IRREPARABLES" PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
En investigación, ha continuado De la Calle, el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos "han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación".
Según los rectores, el entender la "I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los países más avanzados". Además, señala el manifiesto, "el incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo".
"El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación", ha apuntado la rectora durante la lectura del comunicado conjunto.
También se ha aludido a que las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios "se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión".
Además, esas medidas, según precisaba el Real Decreto, eran "excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento"; de ahí que ante las afirmaciones de que hay una "perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen".
DEMANDAN PRECIOS DE MATRÍCULA "ACCESIBLES Y RAZONABLES"
Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser "accesibles y razonables en todos los niveles formativos", recuperándose el sentido de las becas y las ayudas "como garantes de la equidad".
"Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que éstas configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica", han precisado los rectores.
De la Calle ha continuado su lectura afirmando que debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación "para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada".
La universidad española, como todas las europeas, "afronta necesidades de adaptación de su sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus estructuras y funcionamiento".
En este punto, los rectores han sostenido que para poder abordarla es necesario buscar "un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora".
"La consecución de estos objetivos nos implica a todos --agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y universidades-- y es necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española", finaliza el manifiesto conjunto acordado por la CRUE.
