MÁLAGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha criticado este lunes que el Gobierno andaluz "no quiere intervenir" en materia de vivienda "porque no quiere estropear los beneficios de los grandes tenedores".
En rueda de prensa en Málaga, Valero ha recordado que "los expertos pronostican una subida del precio de la vivienda para el año 2024 en torno al 3% de media", apuntando que en el caso de Andalucía, "los precios de alquiler llevan subiendo en los últimos diez años sin ningún tipo de freno".
Asimismo, ha lamentado que "en la compra la cosa no va mejor", ya que, ha señalado, en 2023, Andalucía "fue la comunidad autónoma en la que más subió el precio de la vivienda puesta en venta".
"Ante eso, lamentablemente, el Gobierno andaluz no quiere intervenir porque no quiere estropear los beneficios de los grandes tenedores, de los fondos de inversión a costa del derecho de acceso a la vivienda de la ciudadanía andaluza", ha manifestado Valero.
Al respecto, ha incidido en que "aunque haya vivienda que es demandada por la población andaluza pero no es asequible, a pesar de ese drama, el Gobierno andaluz no interviene y no lo hace en distintas líneas".
Así, en primer lugar ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno: "no ejecuta los fondos que tiene para la política de vivienda, no se gasta el dinero que el Gobierno central y la Unión Europea le ha transferido". "Estamos hablando que de 350 millones de euros que el Gobierno andaluz ha recibido del Estado para actuar en materia de vivienda, apenas se ha gastado un 16%", ha precisado.
"Moreno Bonilla tiene en el cajón 295 millones sin tocar, mientras las familias trabajadoras andaluzas, los jóvenes, las jóvenes, siguen sin encontrar una vivienda asequible", ha criticado, pero, además, ha considerado que el presidente andaluz "también se declara insumiso a la Ley de Vivienda y sigue obcecado en no declarar zonas tensionadas, en no regular el precio del alquiler".
Asimismo, ha señalado que "continúa sin controlar la proliferación descontrolada, salvaje, de pisos turísticos, que ya ha copado a muchos centros de nuestras ciudades y se empieza a extender a barrios obreros".
"Vemos cómo Moreno con tal de no molestar a los grandes tenedores, a los fondos de inversión, pues ni ejecuta los fondos que tiene para vivienda ni tampoco se sirve de una ley para combatir la especulación que excluye a las familias trabajadoras y la juventud del acceso a la vivienda", ha apostillado.
Respecto a una tasa turística, se ha referido a la negativa la semana pasada en sede parlamentaria a aplicarla en las ciudades andaluzas, mientras que, ha apuntado, "estamos viendo cómo la masificación turística empieza a afectar negativamente a los vecinos y vecinas en Andalucía".
En este punto, ha aludido a "la saturación de los servicios públicos en temporada alta, un impacto medioambiental negativo, un impacto también negativo en cuanto a la inflación, suben los precios, muy especialmente de la vivienda".
Por esto, ha considerado que, igual que en otros países de la Unión Europea y en otras comunidades españolas, se debe aplicar "ese modelo que está funcionando bien y es una tasa turística para que se puedan mitigar los efectos adversos en la población que padece la masificación turística".
Valero ha instado a que se reconsidere esa negativa del Gobierno andaluz "porque es un clamor popular que la masificación turística tiene que ser reconducida y en ese sentido una tasa turística que está funcionando bien en otros países también podría ser aplicada en Andalucía para mitigar los efectos adversos de la masificación turística".
PNL SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL
Asimismo, Valero ha informado de que han registrado una Proposición No de Ley sobre Formación Profesional, que, ha dicho, "juega un papel crucial en nuestra sociedad en cuanto permite y favorece la inserción laboral de las jóvenes generaciones, pero también fortalece el propio tejido productivo de nuestro país". "Es una garantía para que la juventud tenga oportunidades de prosperar", ha incidido.
Así, ha explicado que el próximo curso, 2024-2025, es cuando se tiene que aplicar esta nueva Ley de Formación Profesional, así como desarrollar el Real Decreto, apuntando que se está "a la espera de que el Ministerio de Educación defina el currículo básico que permite desarrollar los currículos autonómicos".
Según ha señalado, esta situación "genera cierta incertidumbre en la comunidad educativa porque esta nueva normativa impone esa organización de los nuevos currículos autonómicos que contemplan esas particularidades autonómicas, pero también la aportación de cada centro educativo, el establecimiento de módulos optativos, la definición de cupos del profesorado en función del nuevo reparto de horas o la propia organización de las prácticas del alumnado en estos primeros cursos de formación profesional".
Esta "incertidumbre", ha considerado, "se une a esa ofensiva privatizadora del PP en comunidades autónomas como la andaluza o la madrileña" y ha lamentado que "mientras muchos alumnos y alumnas se quedan sin plaza en centros educativos públicos para cursar FP, proliferan los centros privados y muchas familias trabajadoras terminan endeudándose con bancos para poder pagar las matrículas de sus hijos o hijas en estos centros educativos privados".
Por eso, ha incidido en que esta nueva normativa de FP "tiene que ser una oportunidad para mejorar el sistema público de Formación Profesional", por lo que en esa línea han registrado una PNL para potenciar esta formación. "Hay que ampliar plazas, hay que ampliar ciclos y hay que dotar de mejores infraestructuras este sistema público de FP", ha afirmado.
Asimismo, el coordinador regional de IU ha señalado que tiene que servir "para terminar con esa discriminación salarial de muchos profesores técnicos de Formación Profesional", considerando que "a igual trabajo, igual salario".
Además, ha indicado que esta proposición "ha de servir para estudiar una nueva estrategia en materia de prevención de riesgos laborales que afecte al alumnado y al profesorado que realiza sus actividades en talleres, laboratorios, en centros educativos públicos" y también "para que el alumnado migrante que hoy está matriculado en FP, pero todavía no tiene formalmente sus permisos de residencia y trabajo, pueda finalizar sus estudios y conseguir su título, porque de esa manera vamos a facilitar esa futura inserción laboral".
Valero ha apuntado que la iniciativa tiene que servir también "para evitar esa pérdida de contenidos en el módulo de formación y orientación laboral, especialmente aquellos referidos a la negociación colectiva, al diálogo social o a los agentes sociales".
"Consideramos que esta Formación Profesional es un elemento fundamental para fortalecer el tejido productivo del país, para aumentar el valor añadido en nuestra economía y también para ofrecer esas oportunidades laborales dignas a la juventud. Por eso, esta adaptación de la normativa consideramos que ha de mejorar el sistema público y se tiene que hacer desde un proceso participativo contando con la comunidad", ha finalizado.
