SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han iniciado un calendario de movilizaciones en defensa de "una subida salarial digna", en línea con la aprobada para el colectivo de letrados, y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone, según señalan, "nuevas condiciones laborales sin previa negociación".
En un comunicado, CSIF-A ha indicado que el pistoletazo de salida a estas acciones reivindicativas ha tenido lugar este miércoles en Madrid con una concentración de los delegados de Justicia de toda España delante del Ministerio de Justicia.
A las movilizaciones están convocados los 45.000 trabajadores de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio que dirige Pilar Llop. Concretamente, en Andalucía el colectivo llamado a movilizarse está formado por unos 9.000 funcionarios, entre los que se encuentran, por ejemplo, gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses, entre otro personal.
Tras el arranque de las protestas en la capital de España, el lunes 17 de abril comenzará una huelga general en la Administración de Justicia de toda España (juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, entre otras instancias) con paros de 10.00 a 13.00 horas todos los días; y el miércoles 19 de abril se convocará una jornada de huelga general durante toda la jornada, así como una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12.00 horas.
De forma paralela, los sindicatos han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y explicarles las razones del conflicto laboral con la Administración de Justicia.
CCOO: "FUNCIONES QUE REALMENTE REALIZAN"
Por su parte, en un comunicado, el sindicato CCOO ha detallado que los convocantes de la huelga basan sus reivindicaciones en el reconocimiento de las funciones que "realmente realiza cada uno
de los cuerpos funcionariales".
"La convocatoria de huelga está más que justificada porque el Gobierno ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia que lleva el peso fundamental del trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7% restante (el cuerpo de LAJ)", ha indicado.
Para las organizaciones convocantes "no está reconocida en la actualidad la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y médicos forenses), ni las funciones reales de los cuerpos generales".
Asimismo, reprochan que "se desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos
organizativos y tecnológicos".
Los sindicatos denuncian que "el Ministerio de Justicia quiere imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa que pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal de la Administración de Justicia".
RECLAMACIONES DEL COLECTIVO
Con las movilizaciones y la huelga convocadas los sindicatos exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
También exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las
funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan y son delegadas a los cuerpos generales sin compensación.
Asimismo, reivindican el incremento del complemento general del puesto, que es el único concepto retributivo de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos).
De ese modo, los sindicatos reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (personal funcionario del grupo A1, igual que los LAJ); 400 euros para Gestión y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2); 375 euros para Tramitación y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y 350 euros mensuales para Auxilio Judicial (grupo C2).
Por último, los sindicatos reclaman la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el grupo 1 (Madrid y Barcelona)
y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del real decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.
