Rofa acusa a Rivera de "coacciones" para autoinculparse de un "borrado" y niega que supiese de los intrusos

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este miércoles el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

   Durante la sesión ha testificado María José Rofa, quien fuera asesora en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía con Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera como titulares de tal departamento, --ambos acusados en este juicio--; y otrora investigada en piezas separadas de la macrocausa de los ERE a cuenta de dicho papel.

   Rofa, recordémoslo, desembarcó en dicha responsabilidad de la mano de Juan Márquez, quien sucedió en la Dirección General de Trabajo al recientemente fallecido y también acusado en este juicio Francisco Javier Guerrero, y se mantuvo en el cargo durante los primeros compases de Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social, hasta que el mismo decidió apartarla.

   Según el testimonio de Rivera como acusado en este juicio, él decidió "apartar" a Rofa como asesora porque tras ser descubierta la figura de los "intrusos", es decir personas que cobraban con cargo a las prejubilaciones de los ERE subvencionados sin haber trabajado para las empresas promotoras de los mismos, siendo orquestada una "investigación interna" en el departamento de Empleo; esta persona habría acometido "un barrido de toda la información del sistema" informático de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

   Al respecto, y en su declaración como testigo, Rofa ha asegurado que dentro del grupo de trabajo constituido por la Consejería de Empleo para aquella investigación interna en el plano documental, "no se borró absolutamente nada", sino que como consecuencia de "un lapsus" en aquellos momentos de "tensión" y trabajo intenso en el seno de dicho grupo, "los archivos recientes" tratados en la investigación fueron desplazados "de un sitio a otro", pero "aparecieron".

"NO SE BORRÓ NADA"

   "No se borró nada", ha defendido señalando que el sistema de informática y una de las funcionarias que trabajó con ella en dicho grupo constataron que "no se había perdido ningún archivo". A colación, ha asegurado que Rivera le habría "coaccionado" para que se autoinculpase de dicho "borrado" que ha negado insistentemente, siendo después enviada "a casa" según ha rememorado, en alusión al momento en el que fue apartada de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

   Además, ha negado que antes de comenzar dicha investigación interna en el seno de la Consejería de Empleo tuviese conocimiento de la figura de los intrusos, señalando que a la hora de tratar con la documentación correspondiente a los ERE incentivados con fondos autonómicos, no tenía ningún "mandato de verificación" respecto a las personas beneficiarias de las prejubilaciones incentivadas.

   Rofa también se ha pronunciado respecto a la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para "el mantenimiento de 144 puestos de empleo", cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues por el ERE de 2003, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, mientras el jefe de la UCO de la Guardia Civil encargado de la investigación señalaba el lunes su "conclusión" de que aquella subvención estaba directamente destinada a "pagar la factura pendiente" del citado despacho de abogados.

   Sobre aquella ayuda, Juan Márquez declaró como acusado que  tenía "confianza ciega" en su equipo y su papel se limitó a "firmar" la resolución, insistiendo en que era quien redactaba las resoluciones de las ayudas.

LA AYUDA DE 2009 LA TRATÓ OTRO "COMPAÑERO"

   Rofa, de su lado, ha manifestado que fue "un compañero" de la Consejería de Empleo quien se encargó de las gestiones correspondientes a dicha subvención, pesando un periodo en el que ella estaba "de baja". En cualquier caso, ha asegurado que "no" sabía que el destino de la subvención pudiese ser otro al del inicialmente previsto y que ella sabía de la "falta de liquidez" que afrontaba Acyco en aquellos momentos.

   Eso sí, ha señalado que con relación a las reclamaciones de la firma Garrigues por sus trabajos en el ERE de Acyco, el que fuera abogado de dicha entidad y acusado en este juicio, José Miguel Caballero, preguntó supuestamente "si se iba a dar una ayuda", pues pese a los supuestos compromisos del difunto Francisco Javier Guerrero respecto a que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social sufragaría servicios colaterales inherentes a los ERE de empresas como Acyco, Saldato y otras, la "instrucción" durante el periodo de Márquez al frente de tal departamento era la de no "reconocer" tales deudas, pues por ejemplo nada figuraría sobre ello en el convenio correspondiente al ERE de Acyco.

   En cualquier caso, ha señalado que como consecuencia de esas "facturas pendientes", "dos o tres" personas de Garrigues entre los que figuraba Caballero habían pedido una "revisión" de la documentación, insistiendo en la idea de la "instrucción" de no reconocer tales deudas.

   Rofa también ha mencionado el papel de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco como entidad tomadora de la póliza del ERE, exponiendo que tras interesarse por esa fórmula detectada en otros ERE, desde el despacho le habrían manifestado que de ese modo las empresas promotoras de los ERE se "desvinculaban" de las prejubilaciones y los beneficiarios de las mismas las "gestionaban" propiamente.