SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andalucía Acoge ha reclamado este viernes al Gobierno la simplificación de manera urgente de los criterios legales de concesión de documentación de las personas migrantes, al que ha instado a priorizar las razones humanitarias. Soluciones ágiles para responder a la actual realidad social sin cambiar la ley ni impulsar procesos extraordinarios.
En el actual contexto de estado de alarma, ha indicado Andalucía Acoge a través de una nota de prensa, se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporación de personas migrantes a puestos de trabajo esenciales durante esta crisis sanitaria, agilizando procesos y trámites.
"Esto demuestra una vez más que las personas migrantes son una parte importante de la sociedad. Para evitar lecturas utilitaristas de su presencia en el país, es vital buscar soluciones estables para todas las personas migrantes, más allá de medidas de carácter extraordinario", ha afirmado Andalucía Acoge.
Según la presidenta de Andalucía Acoge, Elena Tajuelo, "esta situación ha constatado que tanto la actual Ley de Extranjería, como el Reglamento que la desarrolla, no solventan ni se adaptan a la realidad social española. En una situación de crisis resulta imprescindible dar oportunidades laborales a todas las personas que vivan en el país de forma que todos los ciudadanos puedan aportar sus capacidades a la superación de los retos comunes".
Tajuelo también ha sostenido que "es necesario facilitar el acceso al permiso de residencia de forma estable, sin procesos extraordinarios", para lo que ha considerado que es "algo que resulta sencillo de realizar con modificaciones al reglamento de la Ley de Extranjería a través de un Real Decreto".
Desde Andalucía Acoge se propone la flexibilización de los criterios de concesión del arraigo social para que se reduzca el tiempo exigido de permanencia en España, que en la actualidad son tres años, así como que se simplifique la oferta laboral que tiene que acreditar la persona extranjera.
En estos momentos se exige un contrato a jornada completa durante un año, exigencia que, a juicio de Andalucía Acoge, es "un requisito poco realista en el contexto del mercado laboral español para cualquier persona, independientemente de dónde haya nacido".
