SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Por Andalucía lleva el jueves de la próxima semana a debate en el Pleno del Parlamento una Proposición no de Ley (PNL) con la que reclama al Gobierno andaluz "eliminar cualquier ayuda pública a las asociaciones o colectivos que niegan la violencia machista y que se sirven de bulos para victimizar a los padres maltratadores e imponer la custodia compartida".
Exige a la Junta de Andalucía en segundo lugar "garantizar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para impulsar la especialización de los juzgados en violencias machistas", junto con "la formación de todos los operadores jurídicos en todo tipo de violencias machistas, con especial atención a la violencia vicaria", también en cumplimiento de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.
Por Andalucía aboga por implantar los recursos para dar "una formación específica a todos y todas las juezas de Andalucía, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial" con objeto de que "cumplan con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia y, en particular, los artículos 92.7 y 94 del Código Civil, reformados respectivamente por Ley Orgánica 8/2021 y la Ley 8/2021".
El propósito de ejecutar esa normativa es "despojar de la custodia y no acordar régimen de visitas a los progenitores condenados o incursos en procedimientos de violencia machista", así como en los supuestos de que se aprecien "indicios fundados de violencia" en cualquier proceso, ya sean civiles, contenciosos o de mutuo acuerdo.
La Proposición no de Ley de Por Andalucía aboga por que la Junta de Andalucía adopte "cuantas actuaciones sean necesarias para proteger a las víctimas potenciales de violencia vicaria reconocidas por el propio Ministerio de Interior".
Reclama Por Andalucía en su iniciativa "destinar el presupuesto necesario para garantizar que todas las madres protectoras reciben las ayudas estipuladas por ley como víctimas de violencia de género, que incluye la violencia vicaria desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 por la Ley Orgánica 8/2021", a lo que suma "asegurar el acceso a los recursos de asesoramiento y atención integral de los centros de crisis de violencias sexuales" para las madres cuyos hijos han sido víctimas de violencias sexuales.
Por último, la iniciativa pide "garantizar la reparación y recuperación psicosocial a las madres y a los menores que han sufrido violencia vicaria, a través de un plan y una estrategia de ayudas públicas, que mejore las ya existentes e implemente nuevas".
En la exposición de motivos se explica el origen del concepto violencia vicaria, que acuñó la psicóloga forense Sonia Vaccaro en 2012 como "un tipo de violencia machista que supone la utilización de los hijos o hijas por parte del padre o la pareja de la madre para producirles daño a las madres".
Esgrime la iniciativa datos para indicar que "en lo que va de año siete menores han sido asesinados por sus padres víctimas de la violencia vicaria, 54 desde 2013" y concluye entonces que supone "una de las formas de violencia machista más extrema".
En el retrato actual de la situación argumenta Por Andalucía que el doble asesinato de marzo en Albodoluy (Almería) elevaría a diez el número de menores asesinados por violencia vicaria desde 2013, para precisar en el desglose provincial que de la decena de casos, tres de ellos se produjeron en Málaga, dos en Jaén, uno en Cádiz y dos en Almería, para precisar que esta última provincia registrar "el mayor número de asesinatos de menores por violencia machista".
Prosiguen las cifras para plantear que "según los datos del sistema VioGen del Ministerio de Interior 1.431 menores se encuentran expuestos a ser agredidos por el maltratador de su madre" e inferir de ello que "son datos absolutamente inadmisibles".
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