SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha asegurado este jueves que la resolución que permitió la activación de la Diputación Permanente de la Cámara andaluza durante la vigencia del estado de alarga decretado ante la emergencia sanitaria del coronavirus contó con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, incluido Adelante Andalucía, y con el informe de los servicios jurídicos que establecía su legitimidad para alcanzar acuerdos y convalidar decretos del Gobierno andaluz.
Así lo ha señalado en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, en las que ha insistido en que el acuerdo para la constitución de la Diputación Permanente ante estas circunstancias fue unánime, una vez que Adelante ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra esta resolución que considera "un disparate jurídico".
"El estado de alarma se decretó un sábado y este acuerdo lo vimos un lunes", ha señalado Bosquet, quien ha apuntado que la constitución de Diputación Permanente ha sido la tónica general en "la gran mayoría de los parlamentos autonómicos" y ha señalado Extremadura, Valencia, Baleares y Castillo y León.
"La constitución de la Diputación Permanente ha sido algo bastante común porque es un órgano válido y legitimado para llegar a acuerdos y validarlos", ha asegurado.
La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, indicó que el recurso se presenta por la "vulneración de derechos fundamentales" que, a juicio de Adelante, se produjo "a través de una propuesta de resolución de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, del pasado 18 de marzo, que configuraba la Diputación Permanente de una forma irregular, arrogándose a sí misma y a dicho órgano unas competencias que no le corresponden".
Por su parte, al profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Joaquín Urías explicó que, con este recurso, lo que se "impugnan" son "las decisiones de la presidenta del Parlamento" que, "en esta época de crisis", determinó que la Cámara andaluza, "en vez de funcionar como parlamento con todas las garantías, iba a funcionar como Diputación Permanente", lo que "recorta las posibilidades de la Cámara".
