SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado la derogación del Decreto 187/2018, de 2 de octubre, "con carácter urgente dado que su entrada en vigor está prevista próximamente" y que aprobaba el Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales ante las consecuencias y nuevas necesidades que conlleva la pandemia del coronavirus.
La crisis sanitaria y social consecuencia de la pandemia por Covid-19 ha hecho que la atención prestada desde estos centros y servicios requiera de "una nueva perspectiva que aúne con mayores garantías la atención social y la sanitaria", por lo que, en aras del principio de seguridad jurídica, "se impela a establecer un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre".
En la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía se procedió a la aprobación del Decreto 187/2018, de 2 de octubre. Este determinaba los supuestos en que los servicios y centros de servicios sociales precisan de autorización administrativa, justificando el sometimiento a dicho régimen en función de las prestaciones que desarrollan.
El plazo inicialmente concedido para ello se presentaba insuficiente para hacer efectivas las exigencias de adaptación que la norma requería. Asimismo, se consideró que la problemática derivada del régimen de comunicaciones afectaría a un grupo importante de situaciones administrativas con "un impacto notable en el número de personas afectadas que se atienden con esos servicios y centros".
Para ello, con el Decreto 451/2019, de 9 de abril, se amplía el plazo hasta 24 meses. Sin embargo, el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía ha operado "una profunda revisión" del régimen de autorizaciones y acreditaciones de los servicios y centros sociales que supone en la práctica "una nueva regulación del régimen de autorización, declaración responsable, comunicación y acreditación de las entidades, centros y servicios sociales que precisa necesariamente un nuevo desarrollo reglamentario".
