SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIF en Andalucía ha alertado este lunes 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, de la "enorme desprotección laboral" que padece históricamente este colectivo y que se ha puesto de relieve "aún más" con motivo de la crisis del Covid-19.
En base a datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sindicato asegura que en Andalucía hay 42.960 trabajadores acogidos al régimen especial de empleados de hogar, de los que más del 95% son mujeres, un colectivo pues altamente feminizado que "sufre de manera estructural una situación de precariedad e infravaloración", en palabras de la secretaria general de Igualdad y Acción de CSIF-A, María del Carmen Alguacil, que lo ejemplifica en no tener acceso a la prestación por desempleo aquellas que trabajan en la economía sumergida.
En base a esto, estas empleadas "se han quedado fuera" de los primeros paquete de ayudas del Gobierno ante la crisis del coronavirus, si bien la sindicalista ahonda en que el Ejecutivo central planea conceder un subsidio extraordinario que las equipare a los trabajadores que han quedado en el desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), siempre y cuando puedan acreditar que su empleador las ha despedido o suspendido de empleo.
Alguacil puntualiza que hay casos de mujeres que siguen teniendo que ir a trabajar y a quienes la Policía ha empezado a exigir el certificado de desplazamiento, que muchas no han podido aportar ya que, según sus cálculos, cerca de un 30% de ellas trabaja en la economía sumergida.
La responsable de Igualdad de CSIF Andalucía incide en que "en la actualidad las trabajadoras del hogar pueden ser despedidas sin causa, carecen de prestación por desempleo, cotizan muy poco, por lo que las pensiones que tienen son bajas, y no cuentan con una protección especial para las embarazadas".
Por todo ello, Alguacil argumenta que la actual normativa sobre empleadas de hogar constituye "un caso claro de discriminación indirecta por razón de sexo" y supone "una menor protección de sus derechos laborales y de la Seguridad Social". "A todas estas circunstancias hay que añadir en muchos casos jornadas extenuantes, acoso sexual y riesgos psicosociales graves", ha añadido, al tiempo que que ha pedido el cumplimiento de la Ley de Protección de Riesgos Laborales en el caso de estas trabajadoras.
