SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha recibido este martes a miembros de la ejecutiva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A), entre ellos su presidente Germán Girela, con quienes ha coincidido en la defensa de unos servicios públicos fuertes y de calidad como fórmula para que la comunidad andaluza salga de la crisis socioeconómica provocada por la pandemia de coronavirus Covid-19.
Se trata del primer encuentro institucional entre miembros de la actual ejecutiva de CSIF-A, -la primera fuerza sindical con representación en la Administración Pública-, con la máxima representante del Gobierno de España en Andalucía, a la que ha asistido también su vicepresidente y la secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales del sindicato, Francisco Iglesias y Yolanda Salgado, respectivamente.
La delegada ha vuelto a agradecer el "extraordinario esfuerzo y compromiso de los empleados públicos, su gran labor e implicación en favor de la ciudadanía" con el objetivo fundamental de que, en el tiempo que dure esta situación, las personas sigan cobrando su prestación por desempleo y las nuevas personas que recurran al SEPE puedan ver reconocida su prestación en el menor tiempo posible. "Si hemos aprendido alguna lección de esta pandemia es que lo público siempre ha sido importante, pero especialmente durante la crisis, ahí han estado las administraciones públicas, respondiendo sanitaria y económicamente", ha señalado.
Por su parte, Girela ha puesto en valor el trabajo realizado por todo el personal de los servicios esenciales, tanto desde el ámbito público como el privado, en especial de los empleados y empleadas de la sanidad pública andaluza: "para la salida de la crisis económica y social tras la pandemia de la Covid-19, es necesario un plan de refuerzo de los servicios públicos como motores de la reactivación económica y la cohesión social en la comunidad andaluza en materia presupuestaria, de recursos humanos, condiciones laborales, formación, dotación de medios telemáticos y digitales, prevención de riesgos laborales, reformas legislativas o inversión en infraestructuras".
Al respecto, la delegada ha destacado la política del Gobierno de España de seguir en avanzando en "el horizonte compartido de la agenda 2030 en materia del fortalecimiento de las instituciones y avanzando en el valor de lo público así como en la modernización de la Administración Pública y ha señalado la próxima incorporación a la AGE de casi 4.000 opositores que han superado los últimos procesos selectivos. Serán nuevos empleados y empleadas públicos, en su mayoría jóvenes, que rejuvenecerán las plantillas, actualmente con una media de edad de 52 años, y que desarrollarán su carrera profesional en la AGE.
La delegada también ha señalado avances importantes durante la pandemia, como "la modalidad de trabajo no presencial", la Administración General del Estado se adelantó y dictó resoluciones para asegurar la salud de las empleadas y empleados públicos y garantizando al mismo tiempo la prestación de los servicios públicos. Resoluciones que han sido un referente en España.
