La sentencia, cuyo ponente será el magistrado Juan Antonio Calle, no se conocerá, al menos, hasta dentro de seis meses
SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las magistradas Encarnación Gómez y Pilar Llorente, que junto a Juan Antonio Calle, han conformado el tribunal que ha juzgado durante más de un año a 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, dejarán de estar liberadas el próximo día 15 de enero.
De esta forma, sólo el magistrado-presidente de la Sala y ponente de la sentencia, que se espera voluminosa y muy compleja en su redacción, permanecerá liberado hasta que se dicte el fallo contra los 21 acusados por delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación, que no será antes de seis meses, según las propias estimaciones del tribunal.
En este sentido, y después de permanecer liberadas durante el tiempo que ha durado el juicio, que comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia, las dos magistradas volverán a partir del 15 de enero a entrar en los repartos de asuntos judiciales que entren en la Sección Primera, de la que forman parte y que ha contado durante este tiempo con dos magistrados de refuerzo de los Juzgados de lo Penal de Sevilla en comisión de servicio.
Ambas magistradas solicitaron el pasado noviembre --con el pensamiento de que el juicio concluiría ese mes-- una prórroga de 45 días para poder deliberar y trabajar los tres jueces de forma conjunta, sin tener que estar al frente de otros casos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sólo concedió la prórroga en este sentido hasta el 15 de enero.
REUNIONES "SEMANALES"
Aunque los tres magistrados han estado deliberando de forma paralela al desarrollo de las 152 sesiones del juicio, ahora sólo podrán hacerlo de forma conjunta en reuniones "semanales" que deberán fijar para compartir sus criterios sobre todas las cuestiones jurídicas y conceptos económicos, presupuestarios y contables que se han abordado durante la vista oral.
En estos encuentros de trabajo pondrán en común sus apreciaciones sobre todo lo escuchado, leído y analizado durante el juicio, en el que los magistrados han ido tomando notas, que han quedado recogidas en hasta cinco libretas y más de 300 folios, en uno de los casos.
Más 14.200 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción y más de 650 horas de grabación de las 152 sesiones del juicio evidencian el volumen de trabajo que le espera al tribunal así como la complejidad de este procedimiento, que ha sentado durante un año y cuatro días en el banquillo a 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El magistrado Calle Peña, junto a sus dos compañeras de Sala, tendrá además que redactar una sentencia tras haber oído a más de 120 testigos, estudiar una extensa documental y conocer durante seis semanas las tesis y argumentos, siempre contradictorios, de los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de seis peritos propuestos por las defensas durante la prueba pericial, "prueba estrella" como la han calificado algunos abogados, y que ha sido impugnada por la defensa del exconsejero Gaspar Zarrías, adhiriéndose muchas representaciones procesales de los acusados.
El tribunal deberá analizar la participación y actuación de los 21 ex altos cargos en los hechos por los que se les acusa de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. En este sentido, cabe recordar que al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa le fueron retirados por las acusaciones los cargos durante la fase de conclusiones definitivas.
Algunos de los 21 han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.
Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejero de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, todos ellos se enfrenan a seis años de prisión y 30 de inhabilitación.
En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos ex altos cargos.
De otro lado, los acusados que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.
Visto para sentencia el juicio, ahora sólo queda esperar, al menos, seis meses para conocer si el tribunal considera delitos las actuaciones de los acusados, esto es, que hicieron o dejaron de hacer para poner en marcha un sistema de concesión de ayudas fraudulento y para paralizar las irregularidades detectadas, según las acusaciones.
