SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) califica de "verdadero jarro de agua fría" la publicación de la Guía de Organización del Curso 2020-2021 porque la educación concertada queda "completamente excluida" de tener la figura del coordinador Covid como los centros públicos y censura que con ello la Junta de Andalucía "discrimina" al sector.
En un comunicado, la asociación, que asegura integrar a 400 centros, 16.000 profesionales y más de 260.000 alumnos, representando al 70% de la educación concertada en Andalucía, explica que este coordinador estará encargado de la organización, ejecución y seguimiento de las medidas sanitarias directamente relacionadas con la pandemia, así como de la canalización de todos los casos e incidencias con las respectivas autoridades y profesionales sanitarios.
Concretamente, ese coordinador será en los centros públicos un profesor al que se liberará de un determinado número de horas de clase para atender estas cuestiones. "Sin embargo, y en contra de las conversaciones mantenidas, la educación concertada ha quedado completamente excluida de este recurso", lamenta ECA, que califica esto como "la última gota que ha colmado el vaso de las promesas incumplidas, las buenas palabras y la discriminación por la vía de los hechos consumados".
Escuelas Católicas explica que después de valorar el esfuerzo de la Consejería y votar a favor en la Mesa de la Concertada el acuerdo para la incorporación de profesores de refuerzo, a pesar de "excluir" la Educación Infantil, Especial, Formación Profesional (FP) y Bachillerato, aplaudiendo y reconociendo tanto esta decisión como la dotación de mascarillas e hidrogel y la realización de PCR al personal de sus centros, ahora se han encontrado que "los vagos compromisos en relación con otras medidas de limpieza e higiénico sanitarias necesarias se han convertido en una exclusión de facto de todo tipo de ayudas para los colegios concertados, en clara discriminación con la educación pública, que sí tendrá una financiación suplementaria".
A su juicio, además en este caso "llueve sobre mojado", pues la concertada "ya venía siendo fuertemente discriminada con respecto a la pública en la partida de otros gastos", destinados a PAS, limpieza o fungibles, "históricamente congelada y completamente insuficiente", siendo esta una de las reclamaciones más insistentes de toda la educación concertada desde hace años. "La postergación y diferenciación negativa en estos fondos se ven ahora agravadas, hasta un punto insostenible, con los esfuerzos adicionales en limpieza y material higiénico-sanitario a los que obliga la adaptación a la pandemia", añaden.
La ECA subraya que sus centros garantizan a las familias de sus más de 260.000 alumnos el cumplimiento de "todas y cada una" de las recomendaciones sanitarias, una garantía que estará sustentada en el esfuerzo y generosidad de los profesionales y titulares de sus centros, pero se sienten "profundamente decepcionados" y perciben esta decisión como "una discriminación" del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, "a esas familias, y a todos los padres y tutores que eligen en Andalucía la educación concertada y creyeron en su promesa de un trato igualitario".
Apelan, por ello, a que el presidente, Juanma Moreno, y el consejero rectifiquen y hagan que la libertad de elección educativa de familias y tutores sea "una realidad y no un falso emblema electoral" porque "la realidad es que los centros concertados no cuentan con los mismos recursos materiales y personales que la pública y las diferencias se van a ver agravadas en este curso 2020-2021, como consecuencia del COVID, que va a agrandar la brecha histórica de financiación".
SITUACIÓN DE FAMILIAS CASI "IDÉNTICA" QUE EN LA PÚBLICA
Asimismo, advierten que la radiografía socioeconómica de las familias de sus centros es "prácticamente idéntica" a la de los centros públicos y que, por tanto, la pandemia significará para las familias de las concertadas "una doble desventaja y discriminación". En este sentido, recuerdan a la Junta que la concertada juega un papel que el Tribunal Supremo (TS) ha insistido que no es subsidiario, sino complementario, "para la prestación del servicio público de la educación", y que el artículo 108 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) subraya que cumple "el mismo servicio público" que los centros de propiedad pública.
"Con un origen precisamente marcado por el espíritu social y por la voluntad de convertir la educación en un ascensor social para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión, la oferta de los centros integrados en Escuelas Católicas de Andalucía representa, de hecho, en numerosos pueblos y barrios, la única alternativa real para que las familias desfavorecidas puedan decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos", subraya la organización.
Por todo ello, ECA pide al gobierno andaluz "que se libere de complejos y miedos", y "actúe de forma consecuente con su programa y sus promesas electorales, marcando distancias con el ejecutivo anterior y con el Gobierno de la nación, y propiciando un avance real en la libertad de las familias y tutores, la cual exige disminuir, y no acrecentar, las desigualdades que ahora mismo discriminan a las familias y alumnos de la educación concertada frente a las familias y alumnos de la pública".
