GRANADA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha mantenido una reunión con representantes de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) para abordar los problemas de seguridad que están sufriendo ante el aumento continuo en los robos y hurtos en establecimientos y cadenas de perfumerías de forma reincidente y en gran parte a manos de bandas organizadas.
En la reunión, celebrada por videoconferencia, la organización empresarial ha expuesto a la fiscal superior que las pérdidas por estos robos alcanzan los 1,8 millones de euros al año, en un sector que representa a 5.000 franquiciados y socios de empresas mayoristas y minoristas de supermercados de proximidad y formatos cash.
Han expuesto que los robos y hurtos se están incrementando por bandas organizadas de forma reincidente y, especialmente, los realizados por el método del alunizaje empotrando un coche, previamente robado, contra el escaparate. Cada uno de estos golpes supone unas pérdidas de entre 20.000 y 25.000 euros.
Se han presentado 700.000 denuncias por los hurtos y robos, y el sector solicita agilizar los juicios y que se reconozca el agravante de reicindencia para reconocer la gravedad. También apuntan como problema la falta de personación de los acusados en los juicios.
La fiscal Superior ha mostrado su preocupación por el elevado nivel de inseguridad del sector que aglutina a 4.000 comercios y genera 45.600 empleos en Andalucía y ha señalado que es necesario que los informes de atestados que recogen las detenciones de la Policía o de la Guardia Civil sean lo más completos posible antes de la presentación al juez para que el Ministerio Fiscal pueda confirmar la reincidencia del detenido y actuar con mayor represión ante el delito.
Propuesta que ha comunicado a los fiscales Jefes provinciales en la última reunión celebrada en la Junta de Fiscales y a la Comisiones Provinciales de Policía para coordinar la actuación.
También ha apuntado la necesidad de dictar una nueva Instrucción por parte de la Fiscalía General del Estado y en el ámbito legislativo ve necesario introducir una reforma en la Lecrim.
