JAÉN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de lo Penal número uno de Jaén ha condenado al pago de una multa de 360 euros a una mujer de 30 años acusada de provocarse un aborto a las cinco semanas de gestación al ingerir oralmente unas seis pastillas e introducirse otras ocho por la vagina.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, establece como hechos probados que en la madrugada del 20 de septiembre de 2002 la acusada, que se encontraba en la localidad de Andújar (Jaén), se introdujo en la vagina ocho comprimidos de Cybotec (Misoprostil), un medicamento indicado para la úlcera duodenal que no deben tomar las embarazadas, que provocó, "tal y como deseaba la acusada", la interrupción del embarazo y la muerte del feto.
Durante el juicio, que se celebró el pasado 20 de junio, la acusada, de nacionalidad colombiana, reconoció que se provocó el aborto y justificó que cuando pasaron estos hechos no tenía regularizada su estancia en España y que ganaba poco dinero, a lo que sumó que además tenía otros dos hijos en Colombia.
La mujer explicó que una amiga le dijo cómo podía interrumpirse el embarazo con estas pastillas, un fármaco indicado para tratar las úlceras gastroduodenales o para prevenir que el organismo pueda rechazar algún trasplante, si bien también puede ser utilizado para provocar abortos en aquellos casos en los que el feto esté muerto, por ejemplo, y bajo la supervisión y diagnóstico de un médico.
Así las cosas, Amanda A.V. ingirió seis pastillas y se introdujo otros ocho comprimidos en la vagina, siendo consciente de las consecuencias que esta acción tendría, según sostiene el fiscal. En consecuencia, además de perder el feto, también se provocó una fuerte hemorragia vaginal, motivo por el que ingresó el 20 de septiembre de 2002 en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén). En el centro hospitalario ella misma comunicó a los médicos que se había inducido un aborto con pastillas.
Ante estos hechos, el ministerio fiscal elevó a definitivas sus conclusiones y pidió que esta mujer fuera condenada por un delito de aborto al pago de una multa de 3.000 euros. Finalmente, y teniendo en cuenta la atenuante analógica de estado de necesidad, ha sido condenada al pago de una multa de 360 euros.
