SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este jueves en el Parlamento que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de las demandas de trabajadores interinos en España no implica que el personal temporal al servicio de la administración (funcionarios interinos o estatutarios eventuales), por mucho tiempo que lleven soportando tal "abuso", puedan pasar automáticamente a tener la consideración "indefinida de funcionario o estatutario fijo, sino que deberán superar el proceso selectivo correspondiente".
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria sobre este asunto, planteada por Vox, ha expuesto que en el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, el nuevo Gobierno se propuso varias cuestiones, como reducir la temporalidad, cumpliendo la ley, dando estabilidad al empleado público y ofreciendo oportunidades al talento de Andalucía.
Ha indicado que la temporalidad no es un problema exclusivo de Andalucía, pero también es cierto que aquí no se habían hecho las cosas bien durante los anteriores gobiernos del PSOE-A.
Ha expuesto que, en Andalucía, el Consejo de Gobierno ha aprobado tres ofertas extraordinarias para procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo público temporal: La primera por Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y la segunda por Decreto 406/2019, de 5 de marzo, esta última ampliada por el Decreto 623/2019, de 27 de diciembre.
Ha explicado que el primero, de 2017, correspondía al anterior Gobierno socialista pero cuando el nuevo Ejecutivo llegó estaba sin convocar y ahora se ha puesto en marcha. Estos decretos, según ha detallado, van a suponer más de 1.700 plazas de consolidación de empleo público temporal (403 de Administración general y 1,313 de Sanidad), y más de 31.003 plazas de estabilización (3.214 Administración General, 17.305 en Sanidad, y 12.603 en Educación).
En ese contexto, según ha añadido, se produce el fallo del Tribunal Europeo, que señala que debería existir, pero no lo hay en el ordenamiento español, un mecanismo sancionador contra el abuso por parte de la Administración de la temporalidad en el trabajo, algo en lo "que tiene razón".
Según Bendodo, no es suficiente la obligación legal de realizar periódicamente y con agilidad convocatorias que permitan a interinos o temporales poder acceder a una relación indefinida, como funcionarios o estatutarios. De hecho, según ha apuntado, hay que reconocer que las administraciones españolas, en general, tienen dificultades para cumplirlo.
Según ha señalado, deben ser los tribunales nacionales quienes en cada caso resuelvan este tipo de demandas ateniéndose al ordenamiento español, y ha añadido que el fallo del Tribunal Europeo "no impone a los estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada".
Sí es cierto que apunta, según ha añadido, que el ordenamiento jurídico interno español debe contar con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada.
Concretamente, el fallo establece, según ha añadido, que los jueces españoles deberán determinar si la organización de procesos selectivos, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la concesión a éstos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente, "constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes".
Asimismo, el consejero ha indicado que la sentencia no implica que el personal temporal al servicio de la Administración (funcionarios interinos o estatutarios eventuales), por mucho tiempo que lleven soportando tal abuso, puedan pasar automáticamente a tener la consideración "indefinida de funcionario o estatutario fijo, sino que deberán superar el proceso selectivo correspondiente".
En cualquier caso, ha querido dejar claro que la Junta va a seguir trabajando en procesos de estabilización y consolidación del empleo en el ámbito de la administración autonómica siempre que sea posible, porque es positivo para los trabajadores y para el buen funcionamiento de la Administración.
Por su parte, el diputado de Vox Benito Morrillo ha mostrado por la alta interinidad en la administración y ha señalado que la sentencia del Tribunal Europeo reconoce el "abuso de la administración" con los interinos. "Esta sentencia consolida los derechos del personal temporal y su derecho a la estabilidad en el empleo", ha dicho.
Morillo ha confiado en que el nuevo Gobierno andaluz, "como garante del cambio", dé una respuesta a esas 30.000 personas afectadas que esperan un pronunciamiento y actuación tras la sentencia del tribunal europeo.
