SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía aboga por "una moratoria del objetivo de estabilidad y una flexibilización de la regla de déficit", planteamiento que forma parte del documento de peticiones al Gobierno que se abordó este lunes en la reunión del Consejo de Gobierno, al argumentar que el conjunto de medidas que se plantea el Ejecutivo autonómico "exigirían, obviamente, "un aumento del déficit muy por encima de lo establecido en estos momentos por parte del Gobierno". En este contexto la Junta de Andalucía reclama "la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar el impacto presupuestario de la crisis a la que nos enfrentamos".
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press y que responde al trabajo de diferentes departamentos, sostiene que "debe ser eliminada la restricción presupuestaria" al esgrimir que el gasto autonómico está acotado por "el cumplimiento del déficit y la aplicación de la regla de gasto". El Gobierno andaluz considera que ese relajamiento de la disciplina presupuestaria debería ser un ejercicio practicado "desde la propia UE respecto a las naciones como desde el propio Estado español respecto a las autonomías".
El planteamiento de la Junta de Andalucía apela a que "las declaraciones de altos responsables de la Comisión Europea" señalan como una posibilidad "considerar one - off los gastos asociados a políticas para afrontar la crisis del coronavirus, es decir, no se tendrían en cuenta en el cálculo del déficit de 2020".
El Gobierno andaluz, que apunta hacia la disponibilidad de fondos europeos para sus propuestas "ya sean por gasto directo o adelantando aportaciones de otros organismos con los avales del BEI", traslada reclamar al Gobierno "la rápida disposición de las cuantías para así poder financiar parte de las políticas propuestas por el Gobierno de la Junta de Andalucía".
Las medidas del documento del Gobierno andaluz se estructuran en tres ámbitos: política financiera, en materia laboral y medidas fiscales. En el ámbito laboral, la Junta, que se propone "limitar a toda costa los despidos de los trabajadores sosteniendo las empresas", aboga por iniciativas como "facilitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo; pagar parte del coste laboral de los trabajadores temporales cuando se mantenga el
contrato, es decir, establecer un incentivo a no despedir; y pagar parte del coste laboral del trabajador autónomo para que pueda afrontar los gastos
de circulante".
La Junta de Andalucía se propone "una prestación excepcional", que identifica como un subsidio del Servicio Público de Empleo del Estado o la Renta Mínima de Inserción Social de las comunidades para quienes hayan perdido el empleo o hayan trabajado los últimos seis meses.
medidas más puras de política de rentas . Para los trabajadores autónomos se plantea también como medida excepcional "flexibilizar el acceso a la prestación de cese de actividad".
El Gobierno andaluz aboga por otras medidas como "la reducción de impuestos en servicios básicos, como la luz o el agua", así como "el aumento extraordinario del gasto en material y servicios sanitarios". Desde la perspectiva del consumo se plantea la llamada "tarjeta con dinero menguante", que supondría "tipos de interés negativo" para "aquellos grupos con mayores propensiones a consumir".
Entre las medidas fiscales plantea la Junta "declarar exentas en la imposición directa todas las cantidades que por cualquier concepto se reciban como consecuencia de la epidemia de coronavirus", así como la prórroga de presentación de tributos y reducir el IBI y el IAE y ampliar los plazos de presentación para "evitar tensiones de Tesorería".
"ASEGURAR LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS"
El reto en la política financiera que se marca la Junta es "asegurar la liquidez de las empresas" así como "inyectar en el sistema la financiación suficiente para que los problemas de circulante no impidan que continúe la actividad o deriven en una situación de insolvencia". En este sentido se plantea medidas para pymes y autónomos como "el establecimiento de líneas de liquidez para la concesión de nuevas operaciones financieras por las distintas entidades bancarias, a las que se dará apoyo público mediante instrumentos de garantía". Para ello se plantea la suma de todos los recursos, de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, para que "un solo ente (podría ser el ICO) se pusiera al frente del diseño e impulso de los mecanismos".
La Junta apela a que "las entidades financieras españolas están poniendo encima de la mesa casi 100.000 millones en líneas de liquidez", por lo que apuesta por ofrecer "instrumentos de garantía pública" para garantizar que las operaciones fructifican. "Las líneas de crédito y préstamos deberían incorporar una carencia", apostilla el documento de la Junta, que cifra "en seis meses para financiar circulante y un año para su devolución".
