SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha sostenido este martes, tras la firma el 6 de mayo del convenio con el Gobierno para la gestión de las ayudas directas a empresas y autónomos, que la tramitación de estos incentivos como subvenciones y no propiamente como ayudas directas se traduce en "una gran inseguridad jurídica" tanto para las comunidades autónomas como para los propios beneficiarios.
En la rueda de posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bravo ha expresado su lamento por estimar que la rúbrica de ese convenio entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para la gestión de los 1.109 millones de euros destinadas a empresas y autónomos "es un ejemplo de donde no ha habido ni consenso ni diálogo".
El reproche del consejero de Hacienda ha tenido como destinatarios tanto al Ministerio de Hacienda como de Economía por cuanto recibieron "informes pormenorizados" del Gobierno andaluz sobre diversos aspectos de ese paquete de ayudas que no se han apreciado.
La reclamación principal de Bravo se ha centrado en dar cuenta de la advertencia de la naturaleza jurídica del incentivo aprobado por el Gobierno, catalogado como una subvención y no como una ayuda directa, de ahí que su reclamación se dirigiera a "excluirlas del régimen de subvenciones para una mayor agilidad" en su tramitación y la posterior justificación que implica.
En el relato del consejero de Hacienda se han incluido otros aspectos del decreto-ley del Gobierno de ayudas a empresas como la prioridad de pagos por el orden de antigüedad "sin atender otros criterios", así como que, a su juicio, "se discrimina a los empresarios que se han dedicado a pagar sus facturas frente a quienes no".
El consejero de Hacienda ha dado cuenta de otras reivindicaciones de la Junta como la de que el Gobierno hubiera considerado "beneficiarios a quienes acrediten una relación contractual con proveedores", mientras que ha demandado tener conocimiento sobre "el colectivo" destinatario de los 1.109 millones de euros destinados por el Gobierno para empresas y autónomos andaluces para evaluar si eran "suficientes" los sectores atendidos.
"Nos va a comunicar cada semana los que pidan la subvención", ha aseverado Bravo, quien se ha quejado de que "limita nuestra capacidad de actuación".
Tras apuntar, a modo de conclusión, que se generarán "problemas al destinatario de la subvención con dificultades para la justificación y a la administracion para la comprobación", Bravo ha subrayado que la firma del convenio ha sido un acto "unilateral" y ha advertido de que "están en juego muchos empleos y empresas" tras reclamar "una mayor cogobernanza" con la Agencia Tributaria al esgrimir que es el organismo que maneja la información.
