El PP-A avisa de que no es un "hecho aislado" y lo conecta con los ERE y la Faffe
SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha acogido este jueves una de las últimas sesiones del juicio sobre la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambíental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación protagonizados por su exgerente Ana María Orihuela, su hijo, un sobrino y dos acusados más; pues Orihuela habría contratado supuestamente "servicios con familiares y amigos faltando a los más elementales deberes legales" y eludiendo las reglas de contratación.
Durante esta sesión del juicio, que sería ya la penúltima, ha expuesto su informe final la letrada que representa a la Junta de Andalucía, titular del 90 por ciento de las participaciones del citado consorcio y que ejerce la acusación particular en este caso.
Según la abogada de la Junta, fruto del transcurso del juicio, ha quedado demostrado que las subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía al citado consorcio para acciones de formación e inversiones fueron destinadas a "finalidades distintas" a su objeto inicial, durante el periodo en el que la entidad estuvo dirigida por Ana María Orihuela, concejal socialista del Ayuntamiento de Almonte designada en 2006 gerente del citado consorcio público Formades.
A tal efecto, recordemos que la Fiscalía, a cuyos postulados se ha adherido la Junta, considera que mientras "el Consorcio necesitaba sostener unos gastos de funcionamiento como gastos generales, que debían ser justificados en atención a criterios de proporcionalidad", Orihuela "comenzó a contratar dichos servicios con familiares y amigos, faltando a los más elementales deberes legales y soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones" de las que se nutría esta entidad pública.
"POR DECISIÓN PROPIA" DE LA GERENTE
La letrada de la Junta ha apoyado esta tesis, exponiendo que "por decisión propia" de la entonces gerente del consorcio, el mismo "contrató determinados servicios" con familiares de la misma, sin contar para ello con autorización de la Dirección General de Formación ni elevar tales contrataciones al consejo rector de la entidad. Estas contrataciones, según la letrada de la Junta, incumplían "los más elementales deberes legales y las reglas de contratación" que rigen en las entidades públicas.
Además, Orihuela "aceptó que sus familiares presentasen facturas" al consorcio, que no se atenían a "la legalidad vigente", exponiendo la letrada que todas estas "contrataciones directas" y sin licitación en favor de sus familiares derivaron en toda una serie de "irregularidades" entre las que destacan encargos tramitados al margen de la Ley de Contratos del Sector Público y la facturación de gastos con cargo al consorcio, con relación a tareas o servicios "que no pueden tenerse como realizados".
EL HIJO Y EL SOBRINO
Según la Junta, el hijo de Orihuela, también acusado en este juicio, fue contratado "directamente" para labores de mantenimiento, sin licitación, recibiendo en total 452.895,82 euros de las subvenciones ya descritas por tareas que no pueden acreditarse. La letrada ha precisado al respecto que el hijo de la entonces gerente del consorcio habría cargado al mismo facturas "duplicadas" y habría endosado incluso "horas extra", como si él formase parte de la "plantilla propia" de la entidad.
En el caso del sobrino, habría sido contratado como vigilante a pesar que los servicios de seguridad eran prestados por la empresa Esabe, incurriendo así en una "duplicidad" en la que además no consta "que realizase los servicios" de vigilancia cobrados, que ascenderían a 13.533,58 euros.
"DE FORMA ARBITRARIA"
La letrada de la Junta de Andalucía ha manifestado que la que fuera gerente de Formades, de forma "arbitraria, prescindió de licitar" estas contrataciones, para "adjudicarlas de forma directa a familiares y así darles un beneficio económico", con cargo a unos fondos que no han sido destinados a su finalidad original. A su entender, "ha quedado demostrada la sustracción de fondos públicos", por lo que pide condenar a los acusados por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Orihuela, recordémoslo, defendió ante el tribunal al comparecer como acusada, que desde el consorcio promovió la confección de los correspondientes pliegos de licitación para la contratación de tales servicios, pero según su tesis los documentos nunca fueron aprobados por la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía, con lo que tenía que recurrir a "facturas" externas.
Además, aseguraba que cuando ella asumió la dirección de la entidad, su hijo ya estaba "prorrogado" por contrataciones previas del consorcio en los servicios de mantenimiento porque "no salían" los pliegos destinados a la licitación de tales trabajos. Incluso alegaba que no tenía "ninguna relación" con su hijo porque había "un problema" personal entre ambos.
"NO ES UN HECHO AISLADO"
El PP andaluz, que ejerce la acusación popular en la causa, ha secundado las posiciones de la Fiscalía y de la Junta, avisando de que el caso de Formades no constituye un hecho "aislado", sino que forma parte de toda una práctica seguida durante la era del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, para el uso de las instituciones públicas en favor de "compañeros de partido, familiares" o amigos.
Así, ha conectado este caso con la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, las contrataciones ilícitas y gastos en prostíbulos en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) o los aspectos investigados en diferentes consorcios o mancomunidades.
