El ex director general de Presupuestos asegura que no estuvo en una reunión con Guerrero, Aguayo y Barberá en 2005 sobre el procedimiento de concesión de ayudas
SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra los 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz ha abierto su decimoquinta sesión con la continuación de la declaración del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, quien ha afirmado que su departamento no hacía informes de legalidad sobre las modificaciones presupuestarias.
A las 10,15 horas de este martes ha continuado el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción a Lozano, que ha manifestado que su departamento no hacía informes de legalidad sobre modificaciones presupuestarias, que durante la etapa en que estuvo al frente --desde abril de 2002 hasta abril de 2009-- fueron unas 10.000, de las que diez o doce, a lo sumo, estuvieron relacionadas con el programa 31L, a cargo del que se pagaban las ayudas sociolaborales por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posteriormente IDEA a través de transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo.
En este sentido, durante su declaración, también ha señalado que las modificaciones presupuestarias "no es más que un traslado de fondos, no una ampliación presupuestaria", y en su mayoría traslado dentro de la misma Consejería. Además, ha asegurado que estas modificaciones eran aprobadas por el Consejo de Gobierno y conocidas por el Parlamento, que también podía realizar enmiendas.
Cuestionado sobre si tuvo conocimiento de déficit de financiación en la partida 31L, el ex alto cargo de la Junta ha señalado que conoció "el desfase presupuestario" y que posteriormente se hizo una retención de créditos, que "se levantó" tiempo después, por lo que entiende que se resolvió. En este sentido, ha insistido en que la Dirección General de Presupuestos no era destinatario de los informes de control.
Lozano, a preguntas del fiscal Manuel Fernández, ha asegurado que no estuvo en la reunión a la que asistieron el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barbera en 2005 para abordar ese déficit, según declaró el primero ante la juez María Núñez Bolaños en octubre de 2015, donde también incluyó al ex director general de Presupuestos. Sin embargo, en la declaración en la vista oral Guerrero rectificó y dijo que Lozano no estuvo.
"NO HACÍA SEGUIMIENTO DEL GASTO" DE LAS PARTIDAS
Lozano, como ya hiciera en la primera parte de su interrogatorio que tuvo lugar este pasado lunes, ha insistido en que las consejerías, entre ellas la de Empleo, eran las responsables y competentes del reparto de los recursos asignados en los presupuestos anualmente para su distribución entre sus centros de gestión y prioridades de actuación.
Sobre el programa presupuestario 31L de administración de las relaciones laborales y su ejecución, Lozano ha aclarado que la Dirección General de Presupuestos "no hacía seguimiento del gasto, competencia de la Consejería de Empleo".
"No entramos en la ejecución, no vemos expediente o informes sobre la fase de control, sólo determinamos la cantidad", ha insistido sobre las competencias de su departamento, señalando al hilo de esto que era "impensable" que "discutieran" cuestiones que competía a la Intervención General, preguntado si en los consejos de dirección de la Consejería de Economía y Hacienda, a la que estaba adscrita la Intervención General, ésta trasladaba estas tipo de cuestiones.
Tras hora y media de preguntas de la Fiscalía, Lozano ha respondido a cuestiones de su abogado, José María Mohedano, reiterando las competencias de su departamento, entre las que no estaban las de control.
Además, ha puntualizado que la Dirección General de Presupuestos, en las tres fases del proceso de gasto público -autorización de crédito, ejecución y control--, sólo tenía competencia en el anteproyecto para fijar los créditos, pues, como recoge la Ley General de Hacienda Pública, en materia de ejecución la tiene los órganos gestores -consejerías--, mientras en control corresponde a la Intervención General.
En este sentido, y expuesto en la sala un extracto del informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Lozano ha negado que su departamento tuviera atribuciones para excluir o incluir en el presupuestos consignaciones de partidas, como recoge el informe.
De otro lado, el ex director general ha explicado el concepto de especialidad presupuestaria, señalando al respecto que los créditos deben destinarse a la finalidad para que fueron aprobados y que ésta viene recogida en la Ley de Presupuestos anual, y en el caso que ésta siendo debatido en este juicio, las ayudas sociolaborales, también.
"La Ley de Presupuestos, la más importante que llega al Parlamento, establece la finalidad de los créditos", ha vuelto a afirmar Lozano, descartando que su departamento fuera un órgano decisorio en este sentido para incluir o excluir una finalidad.
ADVERTENCIA DEL PRESIDENTE A LOS PROCESADOS
Durante la decimoquinta sesión del juicio celebrada este martes en la Sección Primera de la Audiencia, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha advertido a los encausados que está prohibido durante su presencia en el juicio hacer gestos de aprobación o desaprobación sobre lo escuchado en el mismo, como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo, el magistrado ha tenido que interrumpir en reiteradas ocasiones a Lozano en sus respuestas al Ministerio Fiscal, pidiéndole que se ciñera a las preguntas, ya que las partes deciden cómo quieren hacerlas.
ORDEN DE DECLARACIONES
Tras concluir la declaración de Lozano, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de inhabilitación por prevaricación, estaba previsto que en la sesión número 16, a celebrar en la tarde de este martes de la vista oral tuviera lugar el interrogatorio a Francisco del Río, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, cuyo letrado es Enrique del Río, hijo del exmagistrado de la Audiencia Provincial Agustín del Río, fallecido este pasado domingo, y por cuyo motivo se ausenta de las sesiones de este lunes y martes. Francisco del Río es primo del fallecido.
Por este motivo, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, quien sustituye a Enrique del Río durante estas sesiones, ha trasladado al juez que no está en condiciones de defender al exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta en su interrogatorio, por lo que ha planteado que declare el siguiente en el orden previsto o se suspenda la vista oral hasta el próximo lunes, 5 de marzo.
En este sentido, la Fiscalía no se ha opuesto a que declare el siguiente en el orden previsto, Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general de la agencia IDEA. Si bien, hay que tener en cuenta que a continuación vendría el ex interventor general Manuel Gómez, que no asiste a las sesiones por una lesión en sus miembros inferiores y que podría incorporarse el día 6 de marzo, tras acudir a revisión médica el próximo lunes.
Por su parte, Martínez del Hoyo, abogado defensor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, cuya declaración se pospuso por disfonía, ha señalado que representado ha acudido a revisión médica y, si bien su evolución es favorable, se le recomienda un reposo vocal relativo durante 15 días.
El presidente de la Sala ha ordenado comenzar la sesión decimosexta a las 16,00 horas con la declaración de Serrano y después dirimirá las cuestiones de orden.
