Por su parte, el ex secretario general de Hacienda admite que no conocía los procedimientos de gastos en la Junta
SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz ha contado en la sesión de tarde de este lunes con la última parte de la declaración del exviceconsejero de Hacienda y exconsejero de Economía José Salgueiro, el interrogatorio completo de del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa y el comienzo del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.
El que fuera director general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009, cuya declaración ha comenzado minutos después de las 18,30 horas, ha manifestado que sólo respondería a las preguntas del tribunal, del Ministerio Fiscal y de su defensa, que ejerce José María Mohedano.
Lozano, que también fue director general de Planificación entre 1997 y 2002 y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de inhabilitación por prevaricación, ha señalado que como director general de Presupuestos sus funciones estaban relacionadas con la tramitación del anteproyecto de Ley de Presupuesto, la tramitación de las modificaciones presupuestarias, los informes económicos a normas o la relación con la Administración General del Estado en materia de financiación.
Cabe recordar que Lozano, en fase de instrucción, fue llamado a declarar dos veces por la juez Mercedes Alaya. El 19 de septiembre de 2003, el ex alto cargo, tras responder a una decena de preguntas, se acogió a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías, máxime después de que la instructora le reprochase que estaba haciendo "teatro". En la segunda citación, el 12 de mayo de 2004, se acogió a su derecho a no declarar y no ratificó lo dicho en la primera, pues en ésta aún no se había incorporado a la causa documentación importante, entre ella un informe del Interventor de la Consejería de Empleo, que abordaba las transferencias de financiación.
Sobre la participación de la Dirección General de Presupuestos, Lozano ha indicado que cuando se plantea la elaboración de un presupuesto, las distintas consejerías formulan sus necesidades de gastos, siendo una tarea fundamental realizar la envolvente financiera que se adecue a los ingresos disponibles.
"Nuestra labor es material", ha señalado, precisando que agregan y consolidación las propuestas de las consejerías en los documentos que acompañan al presupuesto. En este sentido, ha afirmado que no era su competencia la realización de los informes económicos financieros de los presupuestos, pues son elaborados por distintos centros directivos.
Lozano ha expuesto algunos de los pasos a seguir para la elaboración del presupuesto. Así, ha indicado que las consejerías debían remitir antes del 1 de julio los anteproyectos de sus presupuestos. En el seno de la Dirección General de Presupuestos recibían la información, la analizaban y formulaban un primer esquema de las necesidades de gastos planteadas.
Una vez sumadas todas, y contando con una especulación de los ingresos, los servicios realizan su primer ajuste, pasándose a un esquema para conformar la envolvente, ajustando la disponibilidad de los recursos con las peticiones. Posteriormente, según ha continuado esbozando, se lleva a Consejo de Gobierno que aprueba ésta y las consejería adaptan sus peticiones de julio. De nuevo vuelve a pasar por la Dirección General, por el Consejo de Gobierno y finalmente por el Parlamento.
En este sentido, ha indicado que el Consejo de Gobierno en la envolvente fijaba sus prioridades, que también venían recogidas en los documentos de planificación general y sectorial.
Sobre las competencias de la Dirección General de Presupuestos en relación a las agencias o entes públicos, Lozano ha explicado que la elaboración de los programas de actuación, inversión y financiación previsto para éstas (PAIF) es competencia de los propios entes.
Lozano, que ha insistido como ya hiciera durante la sesión de mañana la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez en que la Intervención General, adscrita a este departamento, tiene "independencia funcional", ha señalado que él como alto cargo de la Consejería participaba en órganos de dirección de entes públicos como en las cuatro agencias sanitarias, en la Agencia de Desarrollo Agrario y Pesquero, en el ente de Infraestructuras Educativas, Ferrocarriles Andaluces y Extenda.
"LA FUNCIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS, SER INSTRUMENTOS"
En este sentido, ha matizado que las empresas públicas son entes financiados por la Junta, con presupuestos derivados de los que figuran en el estado de gastos. "Por sí mismas no son nada, pues su función principal es ser instrumento. Si no recibieran financiación de la Junta para sus actuaciones no tendrían ingresos", ha añadido.
No obstante, ha advertido de que "quien más tiene información tiene de las empresas públicas es la Intervención General, que hacía tres informes de cumplimiento, cuenta y eficacia" sobre éstas.
Sobre el programa presupuestario 31L, con cargo al que se pagaban las ayudas sociolaborales, Lozano ha subrayado que suponía aproximadamente un uno por ciento del presupuesto andaluz, de una Consejería que no supera el cinco por ciento del mismo.
Cuestionado por el fiscal si tuvo conocimiento de la instrucción en el año 2003 de la Intervención General sobre la fiscalización de estas transferencias de financiación, Lozano ha asegurado que no tuvo conocimiento, pues todo lo relativo a los presupuestos tenía tres fases, autorización, ejecución y control. La Dirección General que dirigía sólo tenía competencia sobre la primera. "No tenía por qué conocerla --instrucción de la Intervención General--, no eran mis competencias de funcionamiento", ha insistido.
Al hilo de esto, ha reconocido que "no tenía conocimiento exhaustivo de los procedimientos de control" de las herramientas de financiación en las agencias en cuyos órganos de gestión participaba, así como tampoco del régimen de fiscalización de las mismas. "La Dirección General de Presupuestos sólo interviene en la determinación de autorización, ni en la fase de ejecución ni en el control, esta última competencia de la Intervención", ha insistido Lozano, que este martes retomará su declaración a partir de las 10,00 horas.
"NUNCA TUVE COMPETENCIAS EN MATERIA DE GASTOS"
Por su parte, el ex secretario general de Hacienda durante mayo de 2000 y mayo de 2004, Antonio Estepa, para quien la Fiscalía también pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha reiterado en diferentes ocasiones durante su declaración de algo menos de una hora y media que no tenía conocimiento de los expedientes de gastos, en procedimientos de gastos ni en fiscalización.
Ha reconocido que sí sabía que se usaban las transferencias de financiación para los entes instrumentales, aunque "no tenía conocimiento en materia de gastos".
Estepa, que ha respondida que no tuvo conocimiento o no conocía a la mayoría de las respuestas de la Fiscalía, ha concluido reiterando que "nunca tuvo competencias en materia de gastos".
