SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) - La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, procesada junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz, ha asegurado este lunes en su declaración que "nunca" recibió reparos de la Intervención General sobre ayudas sociolaborales o fiscalización de éstas durante los diez años que estuvo en el cargo. Álvarez, que durante su interrogatorio sólo ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal y su defensa, ejercida por el letrado Rafael Alcácer, ha afirmado que es un "error" considerar que su departamento "lo controlaba todo", apuntando que este control era tarea de la Intervención. "Los de Hacienda entendemos y respetamos las competencias de los demás", ha puntualizado. Álvarez ha explicado que los reparos "se trataban entre la Consejería correspondiente y la Intervención Delegada. Cuando no había acuerdo entre ambas partes se elevaba para que resolviera la Intervención General. Si el posicionamiento de ésta no era aceptada por la Consejería, se elevaba a Consejo de Gobierno". "Durante mi etapa al frente de la Consejería no llegaron reparos al Consejo de Gobierno ni a la Consejería de Hacienda. Nunca han llegado reparos de ningún tipo", ha reiterado la exconsejera, para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Este lunes se ha retomado la vista oral del caso ERE suspendida la pasada semana por la baja del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo por su estado de salud y Álvarez ha comenzado su interrogatorio no ratificando sus declaraciones ante la juez Mercedes Alaya en 2013 por "no recoger con fidelidad" sus manifestaciones. La exconsejera ha señalado que "no conocía" ni la normativa de concesión de ayudas, ni la fiscalización ni su regulación. En este sentido, ha indicado que la normativa en materia de Empleo la gestionaba la Consejería. Durante la hora y cuarto aproximada que ha durado el interrogatorio del Ministerio Fiscal, Álvarez ha sido cuestionada insistentemente por las modificaciones presupuestarias, hasta "40.000" durante los diez años al frente del departamento. La exconsejera ha precisado que las modificaciones presupuestarias entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) "no salían" del cuerpo de dicha Consejería, sino que ésta decidía gestionar sus recursos "de una manera u otra". Álvarez ha manifestado que "conocía lo que tenía que conocer", pues las transferencias presupuestarias estaban tasadas y cumplían "un proceso legalmente establecido". De otro lado, ha explicado que los jefes de Servicio de Presupuestos y el director general de Presupuestos eran quienes elaboraban los extractos de los expedientes de modificación presupuestaria que ella elevaba al Consejo de Gobierno. Sobre las modificaciones, "sólo conocía lo que ponía en estos extractos", ha asegurado. Álvarez, en una declaración principalmente técnica, ha explicado que el viceconsejero de Hacienda, José Salguiero --que ha declarado a continuación-- mandaba la orden de elaboración de presupuestos a los centros directivos para que aportasen novedades y temas a incluir. Además, ha precisado que en el presupuesto, el estado de ingreso es elaborado por la propia Consejería en su mayoría y en él participaban las empresas públicas, pues recogía cualquier ingreso de la comunidad autónoma, mientras que en el estado de gastos la participación de su Consejería era mínima, más bien de las consejerías gestoras. En este sentido, Álvarez ha afirmado que "nunca" ha conocido nada en relación a la ejecución del presupuesto, "no entra dentro de mis competencias". Además, ha señalado que un crédito "no determina el procedimiento" de ejecución, pues ésta es una fase distinta. "Ni el programa presupuestario, ni el crédito, ni la modificación, que se encuentran en fase de elaboración del presupuesto, no tienen nada que ver con el gasto o ejecución", ha reiterado, haciendo alusión a sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. Por otro lado, Álvarez ha manifestado que no tenía conocimiento de la situación deficitaria del IFA y que "nunca despachó con la Intervención General" sobre este asunto. Del mismo modo, nunca ha conocido el convenio marco de 2001 firmado entre este ente y la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales, aunque se cite en algunas leyes de presupuestos de la Junta se cite. Además, en este punto, ha negado también tener conocimiento de convenios particulares firmados entre el IFA y el director general de Trabajo --Francisco Javier Guerrero-- para la concesión de ayudas. En este sentido, ha insistido en que convenios "había miles" y Hacienda "no tiene que conocerlos" porque son mecanismos "normales en la administración, habituales para ayudas de concesión directa". La exconsejera de Hacienda ha señalado que el programa presupuestario 31L tenía "el mismo fin y objetivos" que la anterior 22E, materia sociolaboral, aunque no conocía más detalles. Asimismo ha reconocido que no conocía que este programa se dedicara a las ayudas a la prejubilación, aunque ha señalado que "se podía dedicar a eso y a otras cosas". "No conocía nada de ayudas y subvenciones", ha afirmado durante su declaración. "En mi época de consejera no sabía el contenido concreto del programa de relaciones laborales 31L, cuya ejecución corresponde a Empleo. No tenía nada que ver con la ejecución, era responsabilidad de la Consejería gestora", ha reiterado, añadiendo que la normativa de regulación de estas ayudas y su concesión estaba en la Ley de Hacienda, en la Ley General de Subvenciones, en el Decreto 9/99 de Control Financiero Permanente, la Orden Ministerial de 1995 y en todas las leyes de Presupuestos anuales. Según Magdalena Álvarez, "toda ayuda tiene que tener fiscalización previa" y ha insistido en que "todas las subvenciones tienen sus procedimientos y son sometidas a la fiscalización previa". "La prueba de esto es que el Consejo Consultivo está anulando las subvenciones que no han respetado el procedimiento y no hay fiscalización previa", ha afirmado. En este sentido, ha precisado que "tenía que haber procedimiento, que estaba regulado, y fiscalización previa. Si lo hubo o dejó de haber no lo sé, porque mi actuación terminaba en fase prelegislativa". Además, ha enumerado que en el procedimiento de allegar recursos a la empresa pública desde la Consejería gestora había fiscalización previa, en el procedimiento de concesión de ayuda tenía que haber fiscalización previa y en el procedimiento de pago, control financiero permanente. "Otra cosa es que se respetara, que no tenía por qué saberlo, pero había procedimiento reglado y había obligación de fiscalización", ha reiterado, advirtiendo de que "no sé nada del procedimiento interno de ninguna Consejería". A preguntas de su abogado, Álvarez ha reiterado que el Consejo de Gobierno no debatía los extractos elevados sobre modificaciones presupuestarias, añadiendo que éstas contaban con informe favorable de la Intervención General, precisando que no tuvo conocimiento de los reparos en el año 2000 a un expediente de ayuda a la empresa Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa). Sobre el año 2000, Álvarez ha afirmado que "no pasó nada, ni se creó la partida 31L", ese año para considerar que es "el origen de algo". La exconsejera ha asegurado que el Parlamento tenía conocimiento de las modificaciones presupuestarias anuales "casi al mismo tiempo de su aprobación", pues incluso la Cámara autonómica valida y aprueba la Cuenta General, donde se recoge la ejecución presupuestaria.
