SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha mostrado su "rechazo total" a la propuesta de recorte de un 5 por ciento en los fondos de la futura Política Agraria Común (PAC) y de un 12 por ciento en gastos Feader, anunciada ayer por Bruselas, porque ello supondría un "fuerte hachazo" para el medio rural y el sector agroalimentario andaluz.
En un comunicado, el secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE-A, Antonio Pradas, ha exigido al Gobierno central que rechace esos recortes, puesto que conllevarían la pérdida de fondos agrícolas europeos acordados para el actual marco, con un recorte total de 1.060 millones.
Pradas ha reclamado contundencia al Gobierno del PP en la negociación de la PAC para que estos recortes no afecten a Andalucía dadas las "graves repercusiones" que conllevaría en los ámbitos social, económico y medioambiental. Ha recordado que esta comunidad ya fue castigada en el anterior reparto de la PAC, ya que se perdieron más de 900 millones de euros.
"Por tanto, estaríamos ante un hachazo más, y no tiene justificación cuando estamos ante un presupuesto expansivo de la UE", ha subrayado.
Según las estimaciones realizadas por Pradas, en Andalucía se verán especialmente afectados los agricultores y agricultoras de las más de 244.000 explotaciones andaluzas, que suponen una cuarta parte del total nacional (25,3%) y que aportan en torno al 5,1% del PIB total andaluz.
A tenor de esta previsión, y dado que la agricultura es uno sectores más pujantes de la económica andaluza y esencial en el despegue económico de Andalucía, Pradas ha hecho también un llamamiento a agentes sociales y económicos andaluces para "estar todos especialmente vigilantes" en el proceso de tramitación del futuro presupuesto que ahora se abre como en la distribución estatal futura de los fondos de la PAC.
Por otro lado, Antonio Pradas ha calificado de "intolerable" que el Gobierno del PP haya recortado en los Presupuestos Generales del Estado las partidas destinadas al campo andaluz, ya que entre 2017 y 2018 han caído las inversiones en el campo en un 55%, lo que afecta a los seguros agrarios o a las infraestructuras hidrológicas.
